El comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, fue separado ayer de su cargo ‘‘en el marco de hechos recientes y por instrucciones del Presidente de la República’’, anunció ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En un mensaje a medios en el que no hubo preguntas, flanqueado por el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, por Galindo Ceballos y su sucesor, Manelich Castilla Craviotto, Osorio no precisó si la decisión fue producto de la controvertida actuación de la PF en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio pasado, o por la recomendación emitida el 18 de agosto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Tanhuato, en la que se responsabiliza a la corporación de ejecutar a civiles ‘‘de manera arbitraria’’.

El secretario instruyó a Castilla Craviotto a continuar y profundizar el esfuerzo de capacitación permanente de todos los elementos en materia de derechos humanos, a mantener la coordinación con las instancias del gabinete de seguridad federal y con los órdenes de gobierno para que la Policía Federal ‘‘continúe trabajando en la tarea de garantizar condiciones de tranquilidad a la población’’.

Además le encomendó impulsar ‘‘la formación y adopción de los protocolos de uso de la fuerza’’ y continuar ampliando las capacidades tecnológicas y humanas de la institución, así como estrechar la colaboración con organismos públicos nacionales e internacionales, y con organizaciones y representantes de la sociedad civil para continuar fortaleciendo ‘‘la confianza en esta noble institución’’.

Galindo fue criticado en meses recientes a partir del operativo en junio pasado en el que elementos federales desalojaron a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la carretera a Oaxaca, a la altura del poblado Nochixtlán, con un saldo de ocho pobladores muertos y más de un centenar de heridos.

El ahora ex comisionado negó desde un principio que sus elementos hubieran utilizado armas de fuego, incluso después de que los medios publicaron fotografías de uniformados disparando.

La noche del 19 de junio, Galindo tuvo que reconocer que sí habían utilizado armas de fuego, pero justificó que fue en respuesta a un ataque sufrido a manos de civiles que se encontraban en el poblado. Además destacó que uno de sus elementos estaba hospitalizado por un disparo.

El comisionado aseguró que las policías Federal y estatal fueron agredidas inicialmente ‘‘por grupos radicales’’ y relató que hubo cohetones y petardos que causaron los primeros policías lesionados, y se escucharon detonaciones de armas.

El 31 de julio pasado arribaron a la Ciudad de México 30 pobladores de Nochixtlán –algunos con muletas, otros con vendajes en pies, manos y tórax– para dar testimonio de las heridas que les dejaron las balas y gases lacrimógenos que lanzaron los policías federales en la matanza ocurrida el 19 de junio. Después de esos hechos líderes de la CNTE y diversas organizaciones exigieron la renuncia de Galindo.

El segundo caso fue la muerte de 42 personas, el 22 de mayo de 2015, en un operativo policiaco en el rancho Del Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán, de los cuales 22 fueron ‘‘ejecutados de manera arbitraria’’ por elementos de la Policía Federal y otros cuatro ‘‘por uso excesivo de la fuerza’’, según la recomendación emitida el pasado 18 de agosto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La comisión señaló que ‘‘en todos estos casos’’ las ejecuciones se cometieron cuando las víctimas estaban de espaldas respecto de los elementos policiacos, cinco de ellos desde un helicóptero artillados al cual nunca se le disparó; dijo también que los uniformados ‘‘sembraron armas y cartuchos’’ a los muertos y que los policías torturaron a civiles.

Asimismo se acreditó que el lugar de los hechos fue manipulado por la PF, la cual resguardó el sitio durante poco más de cuatro horas previas a la llegada del Ministerio Público Federal.