Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que pese al avance reformador de México, quedan temas pendientes de resolver como el bajo crecimiento de la economía, la inseguridad, el combate a la pobreza, la corrupción, el aumento del endeudamiento del país y la falta de certeza jurídica, entre otros.

En su mensaje semanal señaló que el primero de septiembre, como cada año, es momento de hacer un corte de caja sobre el estado de la nación en el contexto del Informe presidencial.

En el análisis hay avances indiscutibles, pero también desafíos enormes por enfrentar y áreas con problemas crecientes, en las que no se ha logrado un avance o, peor aún, se observa deterioro.

Consideró que este sexenio ha dejado 11 reformas de gran calado que dan a México renovado rumbo. Pero cualquier reforma corre el riesgo de no cumplir sus objetivos si se implementa en un marco de corrupción, inseguridad pública, falta de certeza jurídica, discrecionalidad en la aplicación de la ley, inconsistencia entre lo que se planea y se anuncia y lo que resulta en la práctica. Incluso las reformas pueden ser reventadas por coyunturas políticas o sociales, con intereses particulares y subversivos o por un ambiente de ingobernabilidad.

Ahí radica el mayor reto: el estado de derecho democrático, el gran reto y la causa del gran déficit de confianza institucional y social que hoy tenemos, el cual socava la cohesión social y el desarrollo nacional en los más diversos ámbitos, sostuvo.

En lo que atañe a la economía, el crecimiento anual sigue muy lejos de las tasas que se requieren de 5 por ciento o más. El promedio en el sexenio ha sido inercial: sólo de 2.1 por ciento, igual que en el sexenio previo e inferior al promedio de los últimos 20 años, que es de 2.5 por ciento.

No obstante, aunque se crearon hasta ahora casi 2 millones de empleos, la economía no ha sido capaz de abatir la pobreza.

Se ha conservado la estabilidad macro, pero existen variables que preocupan y demandan atención y ajuste: en particular el aumento del déficit y de la deuda pública. La deuda del sector público creció el equivalente a 10.5 por ciento del PIB, lo cual es el principal riesgo que hay que corregir ante el cierre de la administración.

La causa directa es el déficit primario desde 2008 a la fecha, que se incrementó 124 por ciento en esta administración, con 97 mil 500 millones de pesos. Todo esto ha tenido implicaciones en otros fundamentos económicos, como la cuenta corriente.