La jerarquía de la Iglesia católica, que encabeza el cardenal Norberto Rivera Carrera, exigió al gobierno federal enterrar definitivamente la iniciativa de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto para reconocer los matrimonios igualitarios y la adopción por parejas del mismo sexo. La vía sería un dictamen negativo que sea votado por el pleno de la Cámara de Diputados.

No obstante, en San Lázaro el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordoñez, solicitó el pasado 18 de agosto una ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa presidencial por 90 días más.

Ese día precluía el primer plazo para darle trámite, pues el mandatario hizo llegar la iniciativa el 18 de mayo pasado, en medio del proceso electoral en la Ciudad de México.

La extensión del plazo generó alarma entre la cúpula de la Iglesia catolica y las organizaciones ligadas a ella. De inmediato se extendió el malestar y se comunicó a la administración federal que el movimiento contra la iniciativa no cejaría, e incluso se incrementaría –como ha sucedido– en los medios de comunciación que les son afines.

La iniciativa del Presidente, que surgió del despacho del consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes, debe enterrarse para siempre. Que se lleve a las comisiones dictaminadoras donde se declare como dictamen en contra, y de ahí se envíe al pleno para que por mayoría los diputados avalen que juridicamente ya no es procesable, apuntó uno de los obispos que han manifestado rechazo a la propuesta del presidente, Enrique Peña Nieto.

El procedimiento legislativo para desechar el dictamen tiene dos vías: la preclusión sin que nadie solicite otra ampliación del plazo, desechándose de forma autómatica, y aquella que tiene ver con la Comisión de Puntos Constituciones, que deberá elaborar un dictamen (negativo), aprobado por la mayoría de los legislasdores presentes, y así se envíe a la presidencia de la mesa directiva para que ésta lo someta al pleno y lo ratifique.

Cuando la Secretaría de Gobernación hizo llegar la iniciativa presidencial a San Lázaro, el diputado Daniel Ordoñez declaró que la comisión dictaminaría en breve la porpuesta. Pasaron tres meses y nada ocurrió. El perredista se vio obligado a solicitar hace unos días una ampliación del plazo.

Incluso, el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiróz, emitió una primera respuesta al encono de la Iglesia católica y grupos afines. Declaró la semana pasada que la iniciativa presidencial en cuestión no representa para su partido una prioridad legislativa.

Mientras al PRI ya no le interesa reformar la Constitución para reconocer los matrimonios igualitarios –por la campaña de los opositores–, el tema se ha convertido en bandera política del partido del sol azteca.

Hasta el momento la iniciativa presidencial se halla archivada, sin indicios de haberse iniciado el proceso de dictaminación.