La fracción del partido Morena en la Cámara de Diputados exigió a la administración federal y a la de la Ciudad de México que atiendan a los 11 millones 700 mil adultos mayores que se encuentran en total indefensión debido a que carecen de empleo, atención médica y vivienda digna.

Las diputadas de ese partido Mariana Trejo y Ernestina Godoy consideraron insuficientes los montos de las pensiones otorgadas por la administración federal. “El apoyo apenas es de 558 pesos mensuales, mientras en la Ciudad de México la ayuda que se otorga es de mil 75 pesos en el mismo periodo.

“Los gobiernos federal y capitalino tienen que hacer un trabajo serio que prepare al país y a la Ciudad de México para el proceso de envejecimiento exponencial que experimenta nuestro país, el cual requerirá de la implementación de políticas públicas y aumento de presupuesto.

La diputada Godoy refirió que para cubrir a los 520 mil beneficiarios del Programa de Pensión Alimentaria y los 83 mil que están en lista de espera, es necesario aumentar en mil millones el presupuesto asignado, con el fin de alcanzar alrededor de 8 mil millones de pesos al año.

Quien aprueba el presupuesto es la Asamblea Legislativa, pero el que manda el proyecto es el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y si no designa más presupuesto, no se podrá cubrir a todos los adultos mayores, sin contar con que la espera es de aproximadamente dos años para obtener la tarjeta de pensión alimentaria.

Por su parte, la diputada Mariana Trejo hizo un llamado al Poder Legislativo a defender los derechos de los adultos mayores, ya que durante décadas este sector de la población “ha sido ignorado, desvalorizado e incluso discriminado en diversos aspectos.

“Al día de hoy, 11.7 millones de adultos mayores se encuentran actualmente en total indefensión, debido a que carecen de empleo, atención médica y una vivienda digna.

Los adultos mayores requieren de iniciativas y esfuerzos extraordinarios que den pie a una política de restructuración de la sociedad, con mayor igualdad, equidad y sin discriminación; con la obligación del gobierno federal de impulsar a escala nacional acciones legales, presupuestales y políticas que brinden mayor protección a los estratos de edad avanzada, indicó.