Xalapa, Ver.

Humberto Hernández Vargas fue maestro por más de cuatro décadas en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana (UV). Hace siete años, después de ofrecer sus conocimientos a varias generaciones, decidió jubilarse.

En su proyecto de vida pensaba profundizar en el área de investigación. Pero éste quedó truncado, cancelado, porque me pasé el sexenio de (Javier) Duarte peleando mi pensión, recuerda.

Sus planes se vinieron abajo con el inicio de la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien se distinguió por retrasar el pago de las pensiones, emprender reformas para menguar los derechos de los jubilados y, en diciembre de 2015, ordenar un desalojo violento de adultos mayores que reclamaban pagos.

Desde la creación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en 1967, no había habido atraso en el pago de éstas. La primera falta tuvo lugar el 20 de diciembre de 2011, cuando Duarte de Ochoa tenía apenas un par de semanas al frente del gobierno del estado. Al primer retraso siguieron otros... Al principio espaciados y de uno o dos días. Después de forma consecutiva: mes tras mes y de cinco hasta 10 días de retraso.

Durante la administración duartista, los pensionados se mantuvieron en pie de lucha, acompañando cada retraso con protestas en las calles y plazas públicas.

En 2014, Duarte de Ochoa impulsó una reforma a la ley del IPE con la cual pretendía deslindarse de la responsabilidad de hacer las aportaciones al rubro. Y obligaba a los jubilados a realizar una contribución de 12 por ciento de su pensión al IPE.

Más de 10 mil empleados activos y jubilados del IPE presentaron amparos ante juzgados del Poder Judicial de la Federación, a fin de revertir la reforma, que afectaría a 26 mil jubilados y 100 mil trabajadores en activo que cotizan al IPE.

En marzo de 2015, los tribunales federales concedieron amparos ante la reforma a la ley del IPE. Y más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por invalidar cuatro de sus artículos.

El 22 de diciembre de 2015 las protestas por el retraso en el pago llegaron a su punto más alto, cuando el secretario de Gobierno, Flavio Ríos Alvarado, ordenó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaran la calle Enríquez, bloqueada por pensionados.

Los jubilados respondieron con una estrategia jurídica que incluyó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que emitió la recomendación 16/2016 dirigida al IPE y a la Secretaría de Finanzas estatal.

La recomendación reconoció que el retraso en el pago constituye una violación a los derechos humanos y se ordenó a las autoridades pagar de manera oportuna las pensiones. El IPE y la Secretaría de Finanzas aceptaron la recomendación y luego de cinco años y medio de atraso en la cobertura de pensiones, hizo el pago puntual de la correspondiente a julio pasado. Se espera que lo mismo ocurra el último día de agosto.

A tres meses de que concluya la administración de Duarte de Ochoa y comience la de Miguel Ángel Yunes Linares, los adultos mayores que reciben una pensión se encuentran en pie de lucha.

Más allá de Duarte y de Yunes Linares, estamos nosotros, nuestro derecho a recibir una pensión a tiempo y como debe ser, así como a saber de qué manera se administran la reserva económica y los bienes del IPE, señala Adriana Chávez Tejeda, vocera de la Coalición de Pensionados Independientes del Estado de Veracruz (Copipev).

La defensora de los derechos de los pensionados indica que si bien los retrasos en el pago de pensiones comenzaron con Duarte, la falta de transparencia y rendición de cuentas ha prevalecido desde la creación del instituto.

Nunca hubo transparencia en el manejo de los bienes del IPE, en la manera en que se administraron las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de los patrones. Tampoco se nos informó por qué unos sindicatos forman parte del consejo directivo del IPE y por qué otros no, denunció Chávez Tejeda.

En la próxima administración los pensionados buscarán impulsar la iniciativa de ley del IPE que presentaron en el Congreso de Veracruz en junio de 2015, con el aval de los diputados de los partidos Acción Nacional, del Trabajo y Movimiento Ciudadano.

Insistirán a la Fiscalía General del Estado en que no archive la denuncia presentada el 1º de agosto contra 13 integrantes del consejo directivo del IPE por presuntos malos manejos de la reserva técnica. Ya preparan nuevas demandas por manejo indebido, venta y entrega en comodato a particulares de los bienes inmuebles del IPE.

Ante los antecedentes de Yunes Linares, que tiene la individualización de cuentas en su paso por el Issste, Chávez Tejeda recordó que en campaña se entrevistaron con él: Sabe de nuestra propuesta de ley y se comprometió a que cuando llegue nos va a llamar. Nosotros vamos a prepararnos y nos vamos a defender.