En su segundo día de sesiones en México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció el caso de Mayra Gutiérrez Hernández, desaparecida desde el 7 de abril de 2000 sin que el gobierno de Guatemala haya realizado durante todo este tiempo una investigación seria, diligente y oportuna.

La primera persona en comparecer en la audiencia del caso fue Ángela Argüello, hija de la víctima, quien pidió a los jueces una resolución de la corte que obligue al gobierno guatemalteco a realizar una indagación a fondo que le señale el paradero de su madre, que se castigue a los responsables de esa desaparición y que las autoridades ofrezcan disculpas públicas por las descalificaciones y afirmaciones falsas que se dijeron en su momento sobre su progenitora, en el sentido de que era guerrillera, que se había escapado con su pareja y que se había suicidado.

También desaparecieron sus hermanos

Mayra Gutiérrez era catedrática universitaria y activista de derechos humanos en el momento de su detención, y realizaba para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) una investigación sobre las adopciones ilegales realizadas en su país tras el conflicto armado de la década de los 80.

Ángela Argüello explicó que varios años después de este hecho, la familia sufrió también la desaparición forzada de dos de los hermanos de su madre, quienes pertenecían al movimiento estudiantil universitario, y las autoridades guatemaltecas tampoco hucieron investigaciones serias.

En la audiencia pública, realizada en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el contexto del 55 periodo extraordinario de sesiones de la Corte IDH, la representación del gobierno de Guatemala aseguró que no puede considerarse desaparición forzada, debido a que en la acción no hay indicios ni elementos probatorios de que participaron agentes del Estado en este delito. No obstante, quedó en evidencia la falta de acciones gubernamentales para realizar la búsqueda.

En la sesión de este miércoles, la corte también abordó el caso de las medidas provisionales de La Rochela, Colombia (donde el 18 de enero de 1989 un grupo paramilitar perpetró una masacre en la que murieron 12 de 15 funcionarios judiciales que investigaban las ejecuciones de 19 comerciantes), que garantizan protección a la vida e integridad de las esposas de tres de las víctimas en el caso, desde 2009. La representación del Estado colombiano argumentó que dichas medidas deben ser retiradas, al considerar que con el transcurso del tiempo los riesgos se han disipado.

En tanto, los abogados de las familias afectadas presentaron alegatos y narraciones de hechos que señalan que el hostigamiento, persecución y amenazas de grupos paramilitares persisten, además de que los responsables de la masacre tampoco han sido enjuiciados.

La corte instruyó a cada una de las partes, en los dos casos tratados en la audiencia, presentar las pruebas en plazo de un mes para poder emitir sus resoluciones.