El Instituto Nacional Electoral (INE) pedirá un presupuesto de 11 mil 232.5 millones de pesos para el próximo año, esta vez porque destinará 725 millones de pesos al inicio del proceso electoral de 2018 y seguirá pagando el arrendamiento de vehículos.

En 2016 el INE recibió 11 mil 442.7 millones de pesos. Por tanto, lo que solicitará a la Cámara de Diputados representa una disminución de 1.8 por ciento en términos nominales y, según el consejero Marco Antonio Baños, de 5 por ciento en términos reales (descontando el índice inflacionario de 3.3 previsto para el siguiente año).

La disminución presupuestal se esperaba, considerando que esta vez el INE no solicitará dinero para construir sus dos torres de 14 niveles, dado que el año pasado obtuvo 762 millones de pesos, que sumados a los de 2015 dan un total de mil 308 millones de pesos depositados en un fondo inmobiliario.

Además, coorganizará los procesos electorales en cuatro entidades, para lo cual destinará 779 millones de pesos, cuando el año pasado hizo esta labor en 14 estados.

Al dar a conocer estas cifras que se votarán mañana (viernes) en el Consejo General, Baños, presidente de la comisión temporal de presupuesto, justificó el alto costo de organizar sólo cuatro elecciones, diciendo que si bien son menos entidades, en ellas se concentra un alto porcentaje del padrón electoral.

El INE volverá a pagar, además, los 227 millones de pesos comprometidos este año con Jet Van Car Rental por el arrendamiento de mil 96 vehículos, lo que al término de cuatro años significará un total de 935.4 millones de pesos.

Los consejeros insistieron en que les conviene más seguir con el contrato que ser penalizados por la rescisión, aunque el consejero Javier Santiago respondió, en una rueda de prensa, que desconocen cuánto pagarían por cancelarlo.

Dicha polémica se originó en febrero de este año, porque la contraloría general concluyó que el INE pagará 50 por ciento más que si hubiese comprado los vehículos.

Baños anunció que no renovarán el contrato, mientras Santiago indicó que en todo caso aplicarán un esquema híbrido, porque requieren vehículos tanto en sus oficinas centrales como en las de los estados.

Al detallar algunos aspectos de estas cifras, Baños explicó que el presupuesto base crece 6.6 por ciento, al representar 9 mil 158 millones de pesos, o sea, 527 millones de pesos más que el de este año. La principal razón esgrimida por los consejeros es que darán base a personal del instituto que trabajaba por honorarios.

Las principales deducciones se darán por la disminución de la cartera de proyectos, que ahora ascenderán a 2 mil 74 millones de pesos. Además, prevén gastar 240.8 millones de pesos en actualizar el padrón electoral; 69.3 millones de pesos en impulsar el desarrollo de los valores democráticos; 168.5 millones de pesos en innovación y cambio institucional, y 91.7 millones de pesos en infraestructura inmobiliaria.

Se había mencionado que contemplarían un fondo de contingencia para financiar procesos electorales extraordinarios, tras la anulación de comicios o como ocurrió este año que debieron organizar la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En lugar de ello, anunciaron que incluirán una base legal para poder solicitar más dinero a la Secretaría de Hacienda.

Previo a la rueda de prensa, dichas cifras fueron aprobadas en la comisión temporal de presupuesto con quejas de algunos representantes partidistas, de que les entregaron documentos incompletos para poder discutirlos en la sesión.

Ignacio Labra, representante del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que para la sesión del Consejo General, que tendrá lugar el viernes, les entreguen no solamente carátulas sino el documento completo.

Silvia Reza, representante del sol azteca, expresó su extrañeza por el formato de lo entregado, porque antes se podían analizar los detalles del gasto programático.

No me puedo manifestar respecto de lo que se dice, comentó, e hizo ver que tampoco encontraba en qué partidas se dio la reducción de 5 por ciento.