La Habana.

El gobierno colombiano y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron este miércoles aquí el histórico Acuerdo Final para la Paz, que cierra casi cuatro años de negociaciones para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, y que será sometido a un plebiscito el 2 de octubre.

El documento fue suscrito por el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, y el representante de las FARC, Iván Márquez, quienes presidieron la ceremonia junto con el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Los representantes de los países garantes de los diálogos de paz, Rodolfo Benítez (Cuba) y Dag Nylander (Noruega), leyeron el comunicado conjunto de las partes en conflicto sobre el acuerdo final, integral y definitivo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el país sudamericano.

El texto de más de 200 páginas, que será dado a conocer íntegramente este jueves, destaca que se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz.

Enumera los seis acuerdos preliminares alcanzados durante los tres años, 10 meses y cinco días de negociaciones, referidos a reforma rural integral, participación política y apertura democrática, cese del fuego bilateral, dejación de las armas por la guerrilla y garantías de seguridad, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas del conflicto, y los mecanismos de implementación y verificación.

Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, De la Calle proclamó: hemos llegado a la meta, si bien dijo que este “no es un acuerdo perfecto, pero es el mejor acuerdo posible.

La mejor forma de ganarle a la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. La guerra ha terminado, pero también hay un nuevo comienzo, agregó.

A continuación, Márquez resaltó que ambas partes ganaron la más hermosa de todas las batallas: la de la paz en Colombia. Tras apuntar que el acuerdo ha sido una construcción dura, llena de dificultades, pero trabajada con el corazón, llena de amor por la patria, precisó: esperamos alejar de manera definitiva el riesgo de que las armas se vuelvan contra la población.

Minutos después, Santos anunció desde Bogotá que el acuerdo será sometido a votación el 2 de octubre. Los antiguos miembros de las FARC, ya sin armas, tendrán voceros sin derecho a voto en el Congreso para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta 2018, año de comicios, y a partir de ese momento participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, explicó el mandatario.

Las conversaciones de paz comenzaron el 19 de noviembre de 2012 con sede permanente en La Habana, y tuvieron además a Venezuela y Chile como naciones acompañantes.

Este fue el cuarto intento entre el gobierno colombiano y las FARC por lograr un acuerdo que ponga fin a un conflicto que ha dejado unos 300 mil muertos, 45 mil desaparecidos y casi 7 millones de desplazados internos, según cifras oficiales.

Activo desde 1964, el conflicto con las FARC está prácticamente detenido desde julio de 2015 cuando los rebeldes suspendieron unilateralmente sus acciones y el gobierno, en respuesta, interrumpió los bombardeos meses después.

El cese del fuego bilateral y definitivo empezará a regir una vez que entre en vigor el acuerdo de paz. Entonces, las FARC entregarán la lista completa de sus miembros (el gobierno estima que son unos 7 mil combatientes), se concentrarán temporalmente en 23 zonas y ocho campamentos de Colombia, y dejarán las armas en un plazo de seis meses.

Todo esto se hará con la verificación de un órgano tripartito compuesto por el gobierno, los rebeldes y observadores desarmados de la Organización de Naciones Unidas. Los fusiles serán fundidos y se levantarán tres monumentos.

Víctimas

Las víctimas del conflicto serán cobijadas por un sistema que buscará garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de que jamás volverán a sufrir violencia. El esquema prevé la creación de tribunales especiales con un total de 48 magistrados –10 de ellos extranjeros–, que juzgarán a guerrilleros, agentes del Estado y civiles involucrados en delitos graves como secuestro, violaciones sexuales, desplazamiento y reclutamiento de menores, entre otros.

Quienes confiesen su responsabilidad en este tipo de acciones podrán evitar la cárcel, de lo contrario pagarán condenas de ocho a 20 años.

Al final será la corte especial la que determinará la pena alternativa y la reparación, que en el caso de las FARC no está claro si lo harán con recursos propios. Sin embargo, se espera que la mayoría de guerrilleros sean amnistiados.

Narcotráfico

Se acordó un plan para la sustitución de narcocultivos en las zonas de influencia guerrillera, y los rebeldes se comprometieron a desvincularse de esa actividad. Las autoridades seguirán combatiendo el narcotráfico, pero darán alternativas de sustento a los campesinos que acepten la sustitución voluntaria. El consumo de drogas será tratado como problema de salud pública.

Política sin armas

Las FARC pasarán a ser fuerza política y recibirán garantías legales y de seguridad para contender en elecciones.

El compromiso del gobierno es asegurarles algunos escaños en el Congreso (268 legisladores) por dos periodos si no logran los votos suficientes. También habrá circunscripciones especiales de paz en zonas castigadas por el conflicto donde serán elegidos representantes de movimientos no tradicionales, lo que se supone ampliará el espectro democrático.

Las FARC contarán con condiciones de seguridad para evitar que sus cuadros sean asesinados, como ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90 con el asesinato en masa de dirigentes, militantes y simpatizantes de izquierda de la Unión Patriótica, partido que surgió del fallido proceso de paz de 1984.

Atención al campo

Históricamente, las FARC justificaron su lucha en la defensa de los campesinos pobres y víctimas de la violencia estatal. El gobierno se comprometió a dar mayor acceso a tierras, créditos y dotar de servicios básicos las zonas rurales azotadas por la violencia. Este punto exige millonarias inversiones a largo plazo.

Plebiscito

El acuerdo deberá ser sometido a plebiscito. Para su aprobación se requiere al menos de 4.4 millones de votos por el sí.

Sólo entonces el Congreso podrá aprobar las leyes y reformas necesarias para los pactos, cuya implementación tardará en principio hasta 2018. Si se impone el no, el acuerdo tal como fue negociado no podrá ser llevado a la práctica.

En un comunicado de la cancillería, el gobierno de México celebró la terminación de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, que abre la puerta a la firma del Acuerdo Final de Paz.