Identificada como uno de los puntos vulnerables de las finanzas mexicanas, la deuda del sector público llegó en este gobierno a su monto más elevado respecto del tamaño de la economía, desde que una renegociación de los pasivos externos en 1989 concluyó con la declaración de que el endeudamiento no volvería a ser un problema para el país.

El incremento de la deuda pública fue una de las razones por las que Standard and Poor’s modificó la perspectiva de calificación de las obligaciones emitidas por el gobierno. La firma financiera argumentó que el margen de maniobra fiscal para manejar el endeudamiento se ha reducido respecto de hace diez años.

La calificadora de inversiones modificó el martes de estable a negativa la perspectiva de la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano. La acción implica que en los próximos 24 meses existe la probabilidad de que reduzca la calificación, ahora en grado de inversión. Ello aumentaría el costo del financiamiento para el gobierno y para empresas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y limitaría a algunos fondos de inversión a traer sus recursos al país.

La deuda del sector público, que integra los pasivos del gobierno federal y de bancos de desarrollo y empresas energéticas, llegó en junio pasado a 8 billones 728 mil 692 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Esto representó un incremento de 63 por ciento en comparación con el nivel de diciembre de 2012, cuando inició el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

El nivel de la deuda es equivalente a 45 por ciento del producto interno bruto (PIB), según información de la Secretaría de Hacienda. Desde el comienzo de la administración, el endeudamiento ha tenido un incremento de 12.4 puntos del PIB, el mayor repunte –respecto del tamaño de la economía– después de los registrados en la década de los años 80 del siglo pasado.

El tamaño de la deuda pública respecto del PIB, la forma adecuada de medir el impacto del endeudamiento en la economía, es ahora el más alto desde la renegociación de la deuda en 1989, durante el primer año del gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando el pago de los pasivos consumía cada año recursos por el equivalente a una décima parte del valor del producto interno bruto.

En 1989 el endeudamiento gubernamental era equivalente a 54 por ciento del PIB. Ese año la administración federal llevó a cabo una negociación con los acreedores internacionales —la deuda externa era la de mayor peso en los pasivos del sector público– para reducir su tamaño en 35 por ciento, lo que permitió un ahorro de 40 por ciento en el pago de intereses.

Cuando anunció el acuerdo con los acreedores, el entonces presidente Salinas declaró: Pueden ahora, compatriotas, decir a sus hijos que el mundo que les tocará vivir no será fácil, pero sí será mejor, porque ya no cargarán con el peso del endeudamiento excesivo.

El nivel actual del endeudamiento público también supera el registrado durante el colapso de la economía a finales de 1994, que provocó que en 1995 la economía tuviera su mayor contracción desde la Gran Recesión.

En 1995 el saldo del endeudamiento público, de acuerdo con datos oficiales, fue equivalente a 43 por ciento del PIB.

Podríamos bajar la calificación soberana de México si la deuda pública o si la carga de intereses se deteriora más que lo que esperamos, advirtió en su reporte del martes Standard and Poor’s.

El continuo bajo crecimiento del PIB, los escasos ingresos petroleros y el margen cada vez menor para reducir el gasto relacionado con proyectos de inversión, así como los costos de personal podrían dificultar que el gobierno estabilice su deuda como participación del PIB en los próximos dos años, añadió. El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente como resultado de los déficit fiscales, la potencial depreciación de la moneda, y la probable ayuda financiera a las empresas no financieras del sector público.

La carga de intereses, en torno a 9 por ciento de los ingresos del gobierno general, podría aumentar, lo que reflejaría  tanto una limitada base de ingresos como la necesidad de mantener tasas de interés consistentes con la dependencia que tiene el soberano de las entradas del portafolio de capital externo. Cualquiera de esos dos resultados elevaría la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los choques adversos.