os obispos mexicanos están jugando con fuego. Están estirando la liga con riesgo de romper la frágil línea de estabilidad social que soporta el país. Están provocando socialmente bajo una atmósfera de tensión en la que el presidente Enrique Peña Nieto parece estar rebasado. Los numerosos frentes de conflicto, sus errores y el bajísimo nivel de aprobación ciudadana propician una percepción de zozobra presidencial que puede incidir en la gobernabilidad. Los obispos lo saben, perciben la debilidad. Su larga experiencia política les permite calibrar la oportunidad para hacer avanzar su agenda. Ahora ven la ocasión propicia para empuñar sus principios morales y religiosos sobre el conjunto de la sociedad, pasando por encima de un gobierno agobiado.

Los principios históricos de separación entre la Iglesia y el Estado, así como la laicidad mexicana, son puestos a prueba en el momento en que los obispos transitan de la libertad de expresión, críticas contenidas en Desde la Fe, a la movilización política externada en el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) del 12 de agosto en curso. Ahí los obispos mexicanos no sólo apoyan las marchas convocadas por el Frente Nacional por la Familia, sino que legitiman a la ultraderecha católica yunquista. Liberan del cautiverio a la bestia de la ultraderecha católica intransigente, homofóbica y fascista. El consejo permanente de la CEM, que había guardado moderación, reitera su rechazo al matrimonio igualitario por ser parte de un conjunto de propuestas legislativas que tendrán consecuencias en un profundo cambio antropológico. Este posicionamiento episcopal contra la llamada ideología de género no sólo fortalece la causa del cardenal Norberto Rivera, sino expone al país a la confrontación cultural y física de grupos antagónicos.

Es importante recordar que la laicidad no es una ideología ni una postura política anticlerical: es una herramienta jurídica que propicia la convivencia serena entre diferentes confesiones sin importar su tamaño. El Estado laico garantiza la libertad de los que creen y de los que no creen bajo un marco normativo de equidad. Por ello, la laicidad fortalece la paz y la democracia en un país como México, heterogéneo y diverso. Hay que subrayarlo: la laicidad ha permitido la paz con una historia marcada por agudos conflictos entre lo religioso y el poder. Llama la atención que ante el discurso de odio del cardenal Norberto Rivera, ahora respaldado por la CEM, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno han reculado. César Camacho ha declarado que la iniciativa enviada por el propio presidente Peña no ha sido considerada prioritaria, postura avalada por los senadores priístas. Por ello, dicha iniciativa ha pasado a la congeladora.

En ese sentido, el posicionamiento de Gobernación, en voz del subsecretario Humberto Roque Villanueva con un tono de moderación extrema, sostiene que los obispos mexicanos, al convocar las marchas, no violan la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, porque aún no se ha concretado la reforma. Enfatiza la laicidad en la libertad religiosa; sin embargo, relega la equidad y la libertad de convicciones éticas contenidas en la pasada reforma al artículo 24 constitucional. Sobre el discurso de odio de varios prelados católicos, Roque Villanueva los canaliza al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución loable comprometida con la inclusión social, los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano, pero que carece de dientes suficientes para contener el discurso homofóbico del conservadurismo católico. No se trata de que el gobierno reprima ni mucho menos inhiba el sistema de libertades; sin embargo, es de reprochar que se presente tan tibio y evasivo políticamente y, sobre todo, con una cuestionable lectura jurídica de la laicidad mexicana sesgada en la libertad religiosa.

Ahora bien, si el PRI, el partido del Presidente, y el mismo gobierno han dado marcha atrás a la iniciativa de los matrimonios gays, ¿por qué la jerarquía católica se empecina radicalizando su demanda? En efecto, ¿hay encono contra el Presidente por actos de alta traición? ¿Será que el Episcopado ve en la actual circunstancia política áreas de oportunidad para imponer su agenda? En los pasillos curiales circulan rumores sobre el profundo malestar clerical por la desconcertante iniciativa del presidente Peña en favor de las minorías homosexuales en México. Máxime cuando había confianza política que venía desde 2012, cuando éste gestionó los acuerdos políticos para reformar el artículo 24 sobre libertad religiosa. Y más cuando el Episcopado había apoyado la preocupación del Presidente por atemperar los discursos del papa Francisco en materia de corrupción y derechos humanos, en su visita de febrero pasado. También haber frenado el encuentro con los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Si la Iglesia y el Papa habían sido razonables ante las solicitudes del gobierno mexicano, entonces la iniciativa de reforma sobre los matrimonios igualitarios fue tomado por sectores de la jerarquía como acto de traición y puñalada por la espalda, según consta en la entrevista que la revista Proceso realizó a Hugo Valdemar, director del semanario Desde la Fe. La experiencia nos muestra que la Iglesia no se mueve por caprichos y es muy probable que esté en curso una negociación que favorece los intereses de la agenda católica o de los intereses particulares del cardenal Rivera. Recordemos que le quedan poco más de nueve meses para que presente su renuncia, según mandata el derecho canónico. ¿Impuestos, facilidades con el Servicio de Administración Tributaria, leyes secundarias en materia educativa y de libertad religiosa?

Bajo apego a la libertad religiosa que otorga la Constitución, los católicos conservadores quieren quebrantar la libertad de las minorías homosexuales, enarbolando la defensa de la familia tradicional, pero vulnerando el artículo primero constitucional sobre derechos humanos. Como en Francia, la derecha católica llama a aplicar el rigor al Estado laico para que se impida el uso del hiyab y la burka a las mujeres musulmanas. ¿Libertades contra libertades? Por ello, las autoridades deben poner orden en la cancha. El debate sobre los matrimonios igualitarios va mal, priman las descalificaciones, los prejuicios, la intransigencia y una escatología de odio. Para finalizar, la gran lección que debe guardar el presidente Enrique Peña Nieto es lo riesgoso que resulta el matrimonio con la Iglesia. Al principio de su mandato pensó haberse congraciado con los purpurados con intercambios de favores. Sin embargo, la agenda de los políticos es pragmática y de corto plazo, mientras la de la Iglesia es de reconquista civilizatoria y sus plazos son de largo aliento. Por ello, la Iglesia exige a los políticos católicos apego y sumisión absoluta.