La delegación Azcapotzalco inició una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el nuevo reglamento de construcción, que es más regresivo y nos ata las manos para impedir nuevos desarrollos inmobiliarios.

El jefe delegacional, Pablo Moctezuma, denunció que a la herencia de 20 megaproyectos con 8 mil viviendas, que significará la llegada de 40 mil personas, equivalente a 10 por ciento de la población actual, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda pretende autorizar otros 20 mil departamentos.

Con base en el sistema de actuación por cooperación, similar al realizado en las Granadas, dará carta abierta a los desarrolladores para levantar grandes torres, lo que colapsará la demarcación, donde la falta de agua y los problemas de drenaje y movilidad son el pan de todos los días.

En El Rosario, por ejemplo, se pretende construir cuatro torres de 16 niveles, lo cual es irracional en una zona densamente poblada, sin seguridad, sin servicio de agua adecuado y con graves problemas de circulación, que si tuviéramos facultad de echarlas para atrás, lo haríamos, afirmó.

Hoy, alertó, se está bajo la presión de los desarrolladores inmobiliarios, que buscan hacer millonarios negocios a costa del bienestar de la población, de su patrimonio y calidad de vida, por lo que con el apoyo de 150 organismos empresariales se buscará la reindustrialización de Azcapotzalco.

El funcionario explicó en entrevista que la delegación se ha convertido en receptor de manifestaciones de obra; no tiene control ni facultades para revisar documentos, lo cual favorece a los intereses inmobiliarios, que piden permiso para un estacionamiento y al rato arrancan con edificios de 15 pisos.

Por ello, dijo, se inició una controversia constitucional contra el nuevo reglamento de construcción, emitido el pasado 16 de junio, porque elimina toda posibilidad de revisión de documentos, detectar si hay anomalías y proceder en consecuencia, pues una vez iniciada la obra, es muy difícil detenerla.

Vecinos de algunos de los 28 pueblos originarios, por su parte, interpusieron recursos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra proyectos inmobiliarios, pues se trata de zonas de patrimonio histórico, pero con la formación de polígonos la Seduvi les autoriza cambios de uso de suelo.

No obstante, los problemas vienen después porque los inmuebles carecen de escrituras, estudios de impacto ambiental, protección civil y de movilidad; hay anomalías en la integración de los expedientes y los poseedores se mantienen en la incertidumbre, comentó.

Confió en que la nueva constitución otorgue facultades a las alcaldías para establecer un sistema de planeación de desarrollo integral que respete el uso de suelo y mejore las condiciones de vida de la población chintolola. Mientras,daremos la batalla en todos los campos para impedir que esta fiebre inmobiliaria continúe y colapse nuestra delegación, advirtió.