A raíz de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Argentina a fines de julio, las alarmas de los organismos de derechos humanos de ese país saltaron ante el reconocimiento del mandatario argentino, Mauricio Macri, sobre la existencia de una agenda común entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico.

Gastón Chillier, presidente ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), de visita en la Ciudad de México para un intercambio con organizaciones hermanas locales, afirma en entrevista:

“Macri admitió que hay un acuerdo de cooperación apoyando la investigación de cárteles mexicanos en Argentina. Cuando uno mira el resultado gravísimo que tuvo en México la militarización de seguridad, supuestamente para combatir al narcotráfico, no podemos dejar de advertir que el de México es el antimodelo, en cuanto una política efectiva de combate a las organizaciones criminales. Que Macri lo vea como solución nos preocupa mucho”.

El antecedente de este acuerdo de cooperación bilateral, comentado por el propio Macri en una reunión de trabajo con organizaciones civiles argentinas, es un decreto que declara al país en situación de emergencia sobre la seguridad nacional, con una alerta del gobierno sobre el narcotráfico.

Esta declaratoria de emergencia, que según advierte Chillier no parte de un análisis diagnóstico serio, abre la posibilidad de militarizar la seguridad pública en la nación sudamericana.

Macri ha dicho que las fuerzas armadas tienen que participar activamente en la lucha del narcotráfico. Y ya sea por nuestro pasado (siete años de dictadura militar entre 1976 y 1983) o por el presente mexicano, esta posibilidad nos trae a la cabeza las peores pesadillas. No podemos ignorar las funestas consecuencias que tuvo la declaración de guerra al narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón, que no sólo generó violencia, sino que no generó capacidad de investigar y hacer frente al problema.

Riesgo para toda la región

–¿Cuál es el riesgo que ven ustedes para Argentina en caso de que Macri adopte lo que llama usted el antimodelo mexicano?

–No sólo para Argentina, sino para la región. Partiendo de los números que ha arrojado este modelo mexicano: 28 mil desaparecidos, 150 asesinados, asumiendo que hay un subregistro de números.

Como ejemplo, cita tres casos emblemáticos, ampliamente conocidos y debatidos en Argentina: la ejecución de jóvenes, presuntamente narcotraficantes, en Tla­tlaya, estado de México; la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero y los ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca. Apunta que en cada caso advierte la intervención en distintos grados de fuerza pública: en una el Ejército, en Ayot­zinapa delincuencia organizada con policía local, federal y fuerzas armadas, y en Nochixtlán policías de diferentes corporaciones.

Y otra cosa que nos alarma en este antimodelo: la falta absoluta de resultados, una impunidad cercana a 100 por ciento. En ningún caso hubo respuestas claras del Estado, que para empezar no admite su responsabilidad.

Añade: Al conocer lo que se sabe ahora, que el Presidente de México hizo acuerdos con Macri para exportar su modelo de seguridad para combatir al narcotráfico, nos parecería que también es una forma del gobierno de México de blindarse ante las críticas, de no reconocer que su modelo es fallido, sino que además lo exporta.

Chillier, quien dirige desde 2006 el CELS –que se fundó en plena dictadura militar para emprender acciones inmediatas de defensa de víctimas de derechos humanos y para documentar el terrorismo de Estado–, recuerda por qué la sociedad argentina es particularmente reticente al protagonismo militar en temas de seguridad interna y pública:

En mi país hay un consenso social y político de mantener la prohibición de que las fuerzas armadas participen en seguridad interior. Existe un acuerdo multipartidario que se votó en los 80 y se refrendó en los 90 y en 2000 y que tiene que ver con ese pasado nefasto. Es decir, la sociedad todavía tiene formas para resistir una eventual militarización de la seguridad pública. Pero si avanza este discurso habrá movilización y estrategias jurídicas para evitarlo.

Estos resortes de la movilización y el consenso social hacen que, en opinión de Chillier, el proceso de justicia por los hechos criminales del Estado durante la dictadura sean sólidos y no puedan ser revertidos por el Ejecutivo de derecha que hoy gobierna la nación del Cono Sur.

A la fecha, en los procedimientos que se iniciaron dos años antes de que Néstor Kirchner llegara al poder, la justicia argentina ha condenado a 650 procesados de distintos niveles en más de 115 causas.

“Es un proceso de justicia transicional que ha llegado muy lejos, quizá el que más lejos llegó en el mundo con recursos nacionales, sin tribunales nacionales, sin leyes especiales, sin comisiones de afuera. Después de 12 o 13 años de impunidad, se ha avanzado mucho: se ha condenado a ex presidentes, a altas jerarquías militares; se ha investigado la violencia sexual, se ha investigado a los jueces de la época y ahora se empieza a investigar la responsabilidad de los empresarios en aquella violencia.

“Y frente a esta historia, uno no puede evitar pensar en México: si la matanza de l968 y la guerra sucia que ocurrió después se hubieran investigado, probablemente no se habrían vivido los procesos perversos de la impunidad, como la reciente desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.”