Tras la conclusión del enfrentamiento en el Rancho del Sol, en el municipio de Tanhuato, Michocán, el 22 de mayo de 2015, la Policía Federal (PF) resguardó durante más de cuatro horas –entre las 9:45 y las 14– el inmueble, impidiendo el ingreso de los peritos y autoridades ministeriales. Este fue el tiempo que tuvo (la corporación) para manipular el lugar de los hechos.

Además, los elementos de la PF no contaban con la orden expedida por una autoridad judicial competente para llevar a cabo un operativo en dicha propiedad, por lo que la corporación violó diversas disposiciones constitucionales y legales. Tampoco hay elementos que acrediten su intervención por flagrancia, como aseguró la Comisión Nacional de Seguridad.

De acuerdo con la recomendación 4VG/2016 –dada a conocer la víspera– sobre los hechos donde murieron 43 personas (42 civiles y un agente policiaco), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte que en el uso desproporcionado de la fuerza, que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles, también están algunas acciones donde intervino el helicóptero artillado, que disparó más de 4 mil proyectiles.

Los disparos a la bodega constituyeron una demostración innecesaria de capacidad letal, señala la recomendación del organismo nacional, que también advierte que fue violado el protocolo para el uso y disparo desde la aeronave, pues la ametralladora es para utilizarse en lugares rurales, con objetivos plenamente identificables, situación que no ocurrió contra el blanco de la bodega, donde murieron cuatro personas que estaban ocultas en su interior y en la parte posterior, detrás de las ramas de una palmera, además de que no portaban armas.

Órdenes desde tierra

Incluso la CNDH solicita que sea investigada la cadena de mando, pues el artillero recibió órdenes del capitán de la aeronave para realizar los disparos, y éste, a su vez, del comisario que estaba al mando desde tierra.

De acuerdo con las declaraciones del capitán de la aeronave –identificado como AR93 en la recomendación de la CNDH–, fue el comisario en tierra quien ordenó disparar de forma directa sobre la bodega, por lo que se realizó un barrido directo sobre la bodega de norte a sur.

En la amplia recomendación (696 páginas), dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la CNDH analizó cada uno de los 43 cadáveres, con los protocolos de necropsia, la mecánica de lesiones, exámenes periciales, posición en que quedó el cuerpo y elementos balísticos.

Con todos estos elementos, más las declaraciones y testimonios de detenidos y testigos, concluyó que en 22 de los 42 casos de civiles se trató de ejecuciones arbitrarias atribuibles a la acción de elementos policiacos. Trece de las víctimas recibieron impactos de bala por la espalda, y otros tres fueron muertos cuando ya habían sido sometidos.

Respecto del policía caído, la CNDH confirmó que recibió tres disparos –en el glúteo, en la región paralumbar y en la región sacra–, que su victimario estaba a su espalda y que él mismo había manipulado un arma de fuego, pues dio positivo en las pruebas químicas.

El documento dedica un apartado especial a echar abajo la versión que la CNS proporcionó de manera oficial sobre el inicio y desarrollo de los hechos ocurridos en Tanhuato.

De entrada, la CNDH acreditó con diversas pruebas, entre ellas partes informativos de otras corporaciones e instituciones, así como de testimonios, que nunca existió una persecución y enfrentamiento en la carretera aledaña al rancho, entre el convoy federal y una camioneta con presuntos delincuentes.

Tampoco se acreditó que al momento de llegar a la propiedad los agentes fueran recibidos con disparos de arma de fuego.

Incluso el organismo nacional señala que los elementos policiacos sorprendieron dormidos a los vigilantes en la caseta de acceso al rancho: Los servidores públicos de la PF arribaron al Rancho del Sol de manera sigilosa, ingresaron a dicho inmueble, aseguraron a las personas que resguardaban la entrada, quienes se encontraban dormidos, y posteriormente llevaron a cabo el operativo que derivó en el enfrentamiento armado.

Para la CNDH, la CNS falseó la información proporcionada, lo cual constituye una violación al artículo 214 del Código Penal Federal, que señala que comete delito el servidor público que por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos.

Que se respete la presunción de inocencia de los policías, pide el responsable de seguridad pública

Fabiola Martínez

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, calificó de radical el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a ubicar en los hechos de Tanhuato, Michoacán, 22 ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales.

El funcionario aludió nuevamente a nombres y definiciones para defender a los integrantes de la Policía Federal (PF), y pidió que se respete la presunción de inocencia de los uniformados que participaron en el operativo en el Rancho del Sol, el 22 de mayo de 2015.

Ahí fallecieron 42 civiles, de los cuales la CNDH concluyó que 22 fueron ejecuciones. “De ser el caso, estaríamos ante 22 homicidios. Nosotros quisiéramos decir que es muy radical hablar de ejecuciones extrajudiciales, porque en nuestro país no existe como tipo penal la ejecución extrajudicial… también porque no existe la pena de muerte”, indicó el comisionado Sales Heredia en conferencia de prensa.

Insistió en la necesidad de emitir una ley general sobre el uso de la fuerza pública, así como una reforma constitucional para la actuación conjunta de los tres órdenes de gobierno.

La CNS respondió el mismo jueves al informe de la CNDH, casi de manera simultánea. Al respecto, Sales Heredia aseveró que no conocían el resultado de la investigación del organismo de derechos humanos, pero era la crónica de una recomendación largamente anunciada.

Atendimos y respondimos rápidamente, agregó, porque los 14 puntos conclusivos de la recomendación son muy claros y hemos estado trabajando en ellos, como aquel que pide que los operativos se videograben.

También reiteró que acatará las recomendaciones derivadas de ello, especialmente la voluntad de colaborar en la investigación a cargo de la Procuraduría General de la República, y de no encubrir ni solapar a los eventuales responsables de acciones como uso ilegal de la fuerza pública y homicidios dolosos.

Reiteró el eje de la defensa de la PF: los uniformados respondieron a una agresión de integrantes del cártel Jalisco Nueva generación, a partir del uso de la fuerza proporcional y racional ante un escenario hostil, de ahí que no se configura lo que la CNDH enmarcó como ejecuciones arbitrarias.

En cambio, pidió respetar la presunción de inocencia de los policías, quienes también tienen derechos; también son personas.

Concluyó: respetamos absolutamente a la CNDH; la consideramos una aliada más que adversaria, porque nos permite capacitar conjuntamente a nuestra gente, pero sentimos necesaria la actuación del Congreso en la materia, para que tengamos una ley que nos norme a todos, a las entidades federativas, a los municipios y al gobierno de la República en cuanto a uso de la fuerza pública.