Desde hace mes y medio se desató una oleada de desalojos en distintos inmuebles del Centro Histórico, en los que sin mediar diálogo, los inquilinos y sus pertenencias son echados a la calle por supuestos dueños, pues no acreditan la propiedad, con operativos en los que participan entre 500 y 800 granaderos.

En total suman 38 los lanzamientos efectuados en este periodo, en los que destacan ocho por el nivel de violencia con que se han realizado, como los ocurridos en Argentina 96, Emiliano Zapata 68 y Jesús María 36, donde primero ingresa un grupo de asalto, con uniformes negros y armados, aseguró Francisco Alvarado, representante de los afectados.

Una vez que toman control del inmueble con golpes y amenazas dan acceso a los granaderos, y después vienen los cargadores que sacan las cosas, pero aprovechan para robarse las de mayor valor, añadió.

A principios de julio, después del desalojo en Emiliano Zapata 68 los departamentos fueron desmantelados, para evitar el regreso de los inquilinos. Rompieron todo: puertas, baños, instalaciones eléctricas, hasta los calentadores, contó Alfonsina Aguilar, quien aseguró que desde hace más de 50 años vivió con su familia en ese inmueble.

Unos días antes, en el edificio de Argentina 96 se repitió el modus operandi y tras el lanzamiento el inmueble fue tapiado en su totalidad.

El episodio más reciente se vivió ayer en el predio de Argentina 99, donde fueron desalojados cuatro familias. Me salí del cuarto porque estaban golpeando a mi hermano y cuando regresé ya no me dejaron entrar ni por mi bebé de ocho meses que había dejado adentro, me lo dejaron después en el suelo, relató Irene Sánchez, una de las afectadas.

Sin ninguna opción para albergarse, algunos de los desalojados instalaron un campamento sobre la calle de Argentina, donde se pueden observar parte de sus pertenencias entre los puestos de los vendedores ambulantes. Guisamos en la calle y como no levantan los puestos nos quedamos a dormir ahí, expresaron.

Francisco Alvarado señaló que le solicitaron a la Secretaría de Gobierno, tras exponerle la situación que viven, que se hiciera un albergue provisional en un cobertizo en la calle de Haití, pero hay una insensibilidad terrible.

Indicó que se había acordado con las autoridades capitalinas instalar una mesa interinstitucional, donde participe el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que se revise cada uno de los casos y detener los desalojos, pero hasta ahora se ha hecho caso omiso. La reunión fue el 8 de agosto y de entonces a la fecha han ocurrido nueve lanzamientos con la misma tónica, expuso.

En muchos de los inmuebles del Centro Histórico, detalló, la propiedad está desierta, lo que se ha sido aprovechado por particulares que inician demandas en juzgados en otras entidades. Ahí ganan y ordenan exhortos al Tribunal Superior y aquí, en cumplimiento, hacen los desalojos, sin tomar en cuenta a los inquilinos, apuntó.

“Tenemos muchas familias –añadió– que legalmente tienen derechos y hay en cursos procesos de prescripción y amparos contra las acciones ilegales de los falsos propietarios. No puede ser que el gobierno se ponga de lado de esa mafia, por lo que exigimos respeto a una defensa jurídica legal.”