Niega muertes ‘‘extrajudiciales’’
Viernes 19 de agosto de 2016, p. 3
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó este jueves que aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, pero precisó que rechaza la conclusión del organismo defensor de los derechos humanos de que se cometieron al menos 22 ejecuciones extrajudiciales.
‘‘No creemos, pues, que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias (…) nosotros creemos que la actuación de fuerzas federales fue absolutamente racional en un escenario hostil, con tiradores desde diversos puntos’’, indicó en conferencia de prensa el titular de la CNS, Renato Sales Heredia.
El funcionario precisó que los puntos de recomendación dirigidos a la comisión por parte de la CNDH serán cumplidos, excepto en los temas de reparación del daño a las víctimas y sus familiares, ya que, dijo, habrá que esperar a que la Procuraduría General de la República (PGR) concluya sus investigaciones.
‘‘La recomendación emitida por la CNDH (sobre los hechos en Tanhuato) será aceptada, (…) con el propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que deben ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones y señalamientos aislados’’, destacó Sales.
Dijo que el 22 de mayo de 2015, la Policía Federal actuó en respuesta a una denuncia ciudadana que reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad. ‘‘De las pruebas recabadas se observa que el uso de las armas fue necesario ante la agresión real e inminente, dado que los agresores contaban con un armamento reservado para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como un fusil tipo Barret y un lanzamisiles RPG activado, y (la actuación de los elementos) fue racional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos puntos’’, según la versión del funcionario.
Añadió que uno de los sujetos que fueron detenidos el 22 de mayo de 2015 (ese día fallecieron 42 civiles y un agente de la PF) declaró ante la PGR que estuvo en el Rancho del Sol días antes del supuesto enfrentamiento, y dijo que a ese sitio llegaron tres de los líderes del cártel Jalisco Nueva generación escoltados por unos 700 hombres armados.
El funcionario aprovechó la conferencia para enviar un exhorto al Congreso de la Unión a fin de que se emita legislación en materia de actuación policiaca que regule normativamente la actuación de las policías en operativos contra grupos criminales.
Falta un marco normativo en materia de uso de la fuerza
‘‘Es preciso advertir que en este caso, como en otros, la falta de un marco normativo adecuado a la realidad de nuestro país en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nos lleva a adoptar posiciones encontradas e interpretaciones diversas, tanto entre los involucrados como entre los organismos defensores de los derechos humanos’’, indicó.
En ese contexto, Sales Heredia invitó al Poder Legislativo a ‘‘sumar voluntades’’ y concretar una ley general sobre el uso de la fuerza y armas de fuego, porque ‘‘si bien es cierto que México ha adoptado y cuenta con instrumentos internacionales y con lineamientos generales, también lo es que necesitamos clara normatividad para que las autoridades de todos los niveles de gobierno actúen amparados por una legislación racional en el momento en que se vean obligadas a utilizar armas de fuego’’.
Acompañado por el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, el comisionado aseveró que los efectivos repelieron una agresión de civiles armados en un contexto de extrema violencia. Incluso señaló que en el enfrentamiento murió un policía federal y otro resultó herido.
‘‘No se trata esto de una mera ecuación matemática; es sin duda un evento muy lamentable donde además del policía federal pierden la vida 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se negaron, insistimos, a deponer sus armas’’, abundó.
