Docientos diputados federales de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con objeto de echar abajo el contenido del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relativo a la declaración patrimonial, de interés y fiscal, conocida como 3 de 3, de los servidores públicos.

Los coordinadores parlamentarios de esas tres fuerzas políticas representadas en el Congreso, Marko Cortés, Francisco Martínez Neri y Clemente Castañeda, respectivamente, refirieron que con ese recurso de inconstitucionalidad se busca abrir nuevamente la discusión sobre los alcances del acceso a la información pública, pero en mayor medida, la pertinencia de la máxima publicidad de dichas declaraciones como mecanismo para combatir y prevenir la corrupción.

Mecanismo eficaz

El documento que se entregó en la Suprema Corte, consideraron los tres legisladores, pretende convertirse en un mecanismo eficaz en el manejo eficiente y honesto en el ejercicio de los recursos públicos, y en una adecuada rendición de cuentas de los funcionarios.

En la presentación de dicha controversia se aduce que en el acuerdo presidencial publicado recientemente, al comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no se le pueden delegar los derechos humanos primarios reconocidos en la Constitución, como son la máxima publicidad para el acceso a la información pública, la protección de la vida privada y la protección de los datos personales.

Es importante advertir que el objetivo de este planteamiento no es el de demeritar las atribuciones del comité, pero servirá, en todo caso, para hacer más claro el alcance de sus determinaciones, que incluso puede ayudar para consolidarlo como una instancia constitucional fuerte.