El próximo lunes 22 de agosto, cuando comienzan las clases de educación básica, fue marcado como ‘‘fecha fatal’’ por Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), para que el gobierno federal aplique el estado de derecho contra las protestas magisteriales.

Más grave que las pérdidas económicas que han ocasionado los bloqueos es que se viole el derecho de niños y jóvenes a la educación, advirtió el dirigente, y acusó a los gobiernos federal y estatales de complicidad.

‘‘No debe mantenerse la tolerancia, porque cuando la tolerancia es excesiva se vuelve permisividad y la permisividad, si continúa en el tiempo, se puede volver hasta complicidad, de tal manera que hay una tolerancia excesiva de parte del Estado mexicano’’, dijo a la prensa luego de inaugurar el Foro Empresarial Anticorrupción.

El sector privado ha interpuesto cinco demandas de amparo ante el Poder Judicial contra las autoridades por actos de ‘‘omisión’’. Por la mañana, De Hoyos aseguró que la Coparmex había presentado cuatro demandas y la quinta fue anunciada horas más tarde. Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco), presentó una querella contra la Secretaría de Gobernación (SG) y la Coordinadora Nacional de Trabajaores de la educación (CNTE).

Si bien De Hoyos admitió que hasta el momento no se tienen cifras oficiales sobre las pérdidas económicas ocasionadas por las protestas de los maestros que exigen la derogación de la reforma educativa, señaló que se estiman en 115 mil millones de pesos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

‘‘El inicio del ciclo escolar debe marcar una pauta en cuanto a la vigencia del estado de derecho, especialmente en ese momento emblemático, para garantizar el derecho humano fundamental de los niños y jóvenes a la educación.

‘‘Hacemos desde ahora un llamado al Estado mexicano para que no haya una sola escuela en todo el país donde no se inicien las clases del ciclo escolar. Esa es la fecha fatal en la cual se debe usar la vigencia plena del estado de derecho’’, afirmó.

A su vez, Solana Sentíes aclaró que la Concanaco demandó ante el Poder Judicial a la Secretaría de Gobernación ‘‘por la omisión de garantizar la libertad de tránsito y mantener el orden en vías federales’’, pero la demanda también es contra la CNTE por el bloqueo, secuestro y toma ilegal de las vías de comunicación, el despojo de diversos bienes de los comerciantes, la toma ilegal de instalaciones y cierre de comercios.

De Hoyos advirtió que los organismos empresariales analizan si solicitarán indemnizaciones a los gobiernos federal y locales por las pérdidas económicas que han sufrido las empresas por el movimiento magisterial.