La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) adeuda más de la mitad del presupuesto del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (Pimaf) a los campesinos de nueve estados. El mayor rezago lo padecen Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Nayarit y Morelos.

De las casi 500 mil hectáreas programadas, sólo se han entregado recursos para 58 mil en beneficio de 45 mil productores, de un total de 216 mil 311 en dichas entidades, así como en Puebla, Michoacán, estado de México y Tlaxcala, de acuerdo con información de la institución.

La entrega parcial de los recursos pone en riesgo la producción de los principales granos básicos, dijo José Dolores López, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos JDL (Cioac-JDL), ya que en el caso del frijol, en lo que va del año se han importado 100 mil toneladas, y en Zacatecas, uno de los principales estados productores de la leguminosa, los campesinos están abandonando el cultivo por falta de incentivos.

Al Pimaf, considerado prioritario por las agrupaciones campesinas, ya que está dirigido a quienes tienen máximo cinco hectáreas, se le asignó un presupuesto de dos mil 420 millones de pesos; sin embargo, de acuerdo con la Sagarpa se autorizaron mil 704 millones de pesos para cubrir 789 mil 377 hectáreas, pero hasta julio de este año sólo se ha ejercido 39 por ciento del recurso. Además, de dicho programa se asignaron 187 millones de pesos a los legisladores para apuntalar 81 mil hectáreas, los cuales –según el reporte de Sagarpa– ya se entregaron.

Para el dirigente de la Cioac-JDL es evidente la distorsión en la aplicación de los recursos de dicho programa, ya que de los 2 mil 100 pesos que conforman el paquete, el mayor monto se queda en manos de los proveedores de los fertilizantes y de las semillas. Es un negocio para gente cercana a gobernadores y funcionarios del sector agropecuario.

Apuntó que el retraso en la entrega del Pimaf ha repercutido en la producción de frijol, la situación se está agravando y todo parece indicar que la meta sexenal de lograr un millón 300 mil toneladas de la leguminosa para 2018 no se alcanzarán, pues los ingresos de los productores están deteriorándose por los aumentos de los insumos básicos para la siembra.

La dependencia de las importaciones crece y los recursos para capacitación, desarrollo tecnológico y técnico de los campesinos son objeto de recortes presupuestales. “El gobierno destaca los logros de las exportaciones de frutillas como las berries, aguacate y jitomate, pero hace poca referencia a la producción de alimentos básicos, y lo que es más preocupante es que no ha advertido las consecuencias que provocan las importaciones a los campesinos y a la canasta básica”.