os pomposos actos públicos, un solo resultado: la informalidad laboral galopa, mientras el inquilino de Los Pinos tiene severos problemas para deglutir su propio discurso y entusiasmo (“hemos logrado detener esta tendencia creciente y trabajamos para revertirla… la única manera de resolver los problemas estructurales es también con reformas estructurales”).

El 22 de julio de 2013, con apenas unos meses en la residencia oficial, Enrique Peña Nieto presentó en sociedad su Programa para la Formalización del Empleo, calificado por él mismo de cruzada (como aquella contra el hambre, de la que ya nadie se acuerda), con el objetivo, según dijo, de reducir la informalidad a su mínima expresión por ser enemiga de los trabajadores y constituir una salida falsa para la sociedad. En ese entonces el Inegi reconocía que en la informalidad sobrevivían 29 millones 25 mil mexicanos.

Casi tres años después, el 23 de mayo de 2016, el mismo EPN firmó los Convenios para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo (todos los estados de la República, más el IMSS y la Secretaría del Trabajo coordinados para desarrollar acciones con la finalidad de reducir la informalidad, según la versión gubernamental). Y ahora, con información al cierre de julio de 2016, el número de mexicanos en la informalidad es de 29 millones 412 mil.

Esos son los dos actos públicos referidos al comienzo de esta entrega. ¿Y el resultado? Casi 400 mil mexicanos adicionales en la informalidad desde que el gobierno anunció su Programa para la Formalización del Empleo y firmó los Convenios para la Ejecución de Acciones en materia de Formalización del Empleo.

¿Programas y convenios decorativos? ¿Material de discurso? Todo indica que sí, y en este contexto el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) nos orienta sobre el particular: la informalidad laboral “se debe en gran medida a que las empresas han utilizado la tercerización (o, si se prefiere, el outsourcing) como una vía de degradación de los derechos laborales y de aumentar la tasa de ganancia de las mismas. Además, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2012 se hace legal la tercerización al reformar varios artículos de la ley, específicamente los que daban protección a los trabajadores frente a la tercerización”.

Difícilmente podrían convivir las dos figuras, es decir, aquella que pretende formalizar la informalidad (que sería en beneficio de los trabajadores), y la otra que protege los intereses empresariales y –lo mejor para ellos– aumenta sus ganancias. Una u otra, y el gobierno peñanietista, como sus antecesores, impulsa la segunda de ellas (la primera es material para discursos).

Si bien el Cilas basa su análisis en cifras de 2014, lo cierto es que en México año tras año –cuando menos de Fox a la fech–- aumenta el déficit de trabajo decente (plaza laboral de calidad y en cantidad suficiente, incluyendo salarios, seguridad social, estabilidad, jornada legal, contrato, derecho a la sindicalización, etcétera), Además, es necesario comenzar a trabajar con urgencia en una recuperación real del salario, ya que los trabajos que se están creando son de peor calidad que los que se perdieron en la crisis de 2008-2009.

Indica que en el país el tema del desempleo sólo se ha analizado por parte del gobierno desde el punto de vista cuantitativo y con una metodología a nuestro juicio sesgada. La tasa oficial de desocupación (que es la que mide el Inegi) es incluso menor a la de Estados Unidos. Pero esto sólo es una verdad a medias, pues en realidad lo que se mide es la ocupación, de por lo menos dos horas a la semana de las personas encuestadas, pero se deja de lado el tipo, calidad y duración de la ocupación. Además hay que recordar que la mayoría del empleo en México es informal, con bajos salarios (dos salarios mínimos) y el nuevo empleo que se está creando es de este tipo, y el que se repuso luego de los miles de despedidos de 2008-2009 es más precario que los puestos eliminados.

Además, el Inegi sólo analiza quienes no tienen actividad y buscan ocuparse. En muchos casos sucede que si algún trabajador no encuentra trabajo y decide, porque lleva mucho tiempo buscándolo, ya no buscarlo más, entonces ya no entra en la categoría de desocupado y ya no cuenta en las estadísticas.

Si se analiza el porcentaje de trabajadores que ganan menos de la media salarial, detalla el Cilas, resulta que en 2014 el 44.6 por ciento ganaba menos de 2.3 salarios mínimos, pero en el caso de las mujeres este dato se elevó a 54.3 por ciento.

Un indicador que expresa cómo se distribuye el producto interno bruto en el país es el de la masa salarial como porcentaje del propio PIB; en 2003, al conjunto de los asalariados mexicanos se repartía 30.1 por ciento, y una década después tal indicador disminuyó a 27.4 por ciento.

Como parte de la numeralia que presenta, el Cilas señala que más de 60 por ciento de los trabajadores no tienen cobertura de seguridad social. La brecha de acceso es aún muy amplia, y de cada cien hombres 60 no tienen registro en la seguridad social, y en el caso de las mujeres 62, con cifras para 2014. Es un mal estructural.

Por otro lado, el citado centro explica que “en 2014 la tasa de sindicalización para los trabajadores remunerados es de 13.6 por ciento… De 2005 a 2014 se ha reducido el porcentaje de sindicalizados, pues la tasa pasó de 16.8 a 13.6 por ciento, y en México el actor que viola más el derecho de libertad sindical continúa siendo el Estado, al intervenir de manera directa en los conflictos de los trabajadores”.

Y en segundo lugar son los propios líderes o cúpulas sindicales, que como un recurso de los empresarios actúan en contra los intereses fundamentales de los trabajadores. El incremento de los llamados Contratos de Protección Patronal son un indicador de esta situación, ya que líderes y gobiernos los promueven a favor del empresariado y en detrimento de los derechos de los trabajadores mexicanos.

Pero no se preocupen, que ya lo dijo Alfonso Navarrete Prida: en México hay paz social y no hay huelgas.

Las rebanadas del pastel

Por restricciones financieras Pemex canceló 12 mil 150 plazas sindicalizadas. Lamentablemente, la de Carlos Romero Deschamps no está entre ellas.

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