La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnará esta semana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la elección del gobernador de Aguascalientes, luego de que la instancia estatal rechazó un primer recurso.

El tricolor consideró que la sala administrativa y electoral de Aguascalientes, que desechó la petición, no tomó en cuenta los elementos presentados, entre ellos la inelegibilidad del panista Martín Orozco Sandoval, quien tiene pendiente un proceso penal por tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.

La causa legal contra el senador del PAN con licencia está suspendida, primero porque pagó una fianza que le permitió salir de prisión, y después porque apeló al fuero constitucional que tiene como legislador desde 2012.

Fiscal estatal impugna admisión de juicio de amparo

El fiscal general de Aguascalientes, Óscar González Mendívil, interpuso un recurso de queja contra la decisión de un juez federal de admitir a trámite un amparo que diputados locales solicitaron para obligar a esa fiscalía a ejercer acción penal contra el ahora gobernador electo.

El juez federal Kevin Montes admitió la demanda de amparo interpuesta por seis legisladores locales del PRI y del Partido Verde Ecologista de México, quienes solicitaron la protección de la justicia federal por omisiones de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, ya que después de varios años de investigación no ha ejercido acción penal contra Orozco Sandoval.

El recurso impugna el acuerdo del 28 de julio de 2016, por medio del cual el juez de primera instancia admitió a trámite la demanda de amparo que promovieron los legisladores locales María de los Ángeles Aguilera Ramírez, José Enrique Juárez Ramírez, Norma Adela Guel Saldívar, Luis Fernando López, Nayelli Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez.

Los priístas no sólo demandan la nulidad de la elección, sino que en caso de convocarse a proceso extraordinario, Orozco Sandoval no pueda volver a competir, pues se le acusa de haber rebasado 20 por ciento el tope de gastos de campaña.