León, Gto.

El gobierno de León debe indemnizar y brindar atención sicológica a tres menores violadas por policías; además de ofrecerles una disculpa pública, la cual debe ser difundida en medios, exigió la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG), al alcalde Héctor López Santillana.

El ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera emitió nueve recomendaciones al munícipe panista que deberán ser publicadas en un diario de amplia circulación local y en el estado de Guanajuato.

El pasado 21 de febrero, dos policías detuvieron a dos hermanas de 12 y 14 años, cuando se dirigían a su casa después de asistir a una fiesta.

El agente Pablo Torres García obligó a las menores a hacerles felación, con la amenaza de que las arrestaría por tener aliento alcohólico. Su compañero, el oficial Eulises Santiago Martínez no intervino pero avaló la agresión sexual.

La violación se cometió en un predio baldío de la colonia Brisas del Carmen; las niñas informaron a su madre de la agresión.

Los oficiales fueron detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público y el juzgado octavo penal les dictó auto de formal prisión bajo el proceso 51/2016-A.

Un día después, los policías José Ventura Valtierra e Ismael Méndez Noriega subieron a una patrulla a una menor que caminada por el bulevar Vasco de Quiroga.

Elementos de la unidad 535 la abordaron para subirla a la patrulla, trasladarla a otro lugar y forzarla a sostener relaciones sexuales. Un efectivo cometió la arbitrariedad con consentimiento y vigilancia del otro, relató la PDHG.

La PDHG recomendó al alcalde de León otorgar atención sicológica a las víctimas y sus familias, indemnización pecuniaria, crear un programa de derechos humanos de las mujeres, capacitar a los policías, garantizar que no se repetirán este tipo de hechos y poner en documentos oficiales la leyenda: La violencia contra las mujeres es un delito y una grave violación a los derechos humanos.

López Santillana debe integrar a las ofendidas en el Registro estatal de víctimas en Guanajuato, concluir los procedimientos disciplinarios contra los oficiales, fortalecer el proceso de análisis de los perfiles de los policías y ofrecer disculpa pública a las víctimas.