La Ley de Movilidad no puede ir en contra del derecho constitucional a la libre manifestación, puntualizó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Lo que plantea esta ley es una reforma de regulación, pero tampoco podemos ni debemos vulnerar la Constitución, afirmó al preguntarle sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó disposiciones de la legislación en materia de manifestaciones, como tener que avisar con anticipación a autoridades sobre la realización de marchas y no usar vialidades primarias durante las movilizaciones.

–¿No se permitirá ninguna manifestación que no dé aviso con 48 horas de anticipación?–, se le preguntó.

–Estamos hablando de una normatividad y todo lo que esté fuera de ésta habrá que atenderlo así; si hay otros supuestos vamos a ir conociéndolos y analizándolos–, respondió.

Tras la reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Medio Ambiente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera Espinosa recordó que por lo general las vialidades de acceso controlado son supervisadas para evitar que la ciudad pierda movilidad. Siempre se busca el equilibrio (entre las marchas y el libre tránsito), pero son derechos constitucionales y contra eso simplemente queda la observancia, remarcó.

Evitar alteraciones

En entrevista aparte, el secretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, resaltó que la ciudad seguirá siendo el espacio natural de la manifestación y la protesta frente a las políticas públicas de la Federación y ante esta realidad la autoridad local tiene que saber actuar para que ésto no signifique una alteración permanente de las actividades de los ciudadanos.

El funcionario comentó que se revisa con la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), el Protocolo de actuación de policías de la Secretaría de Seguridad Pública para el control de multitudes, y se pondrá, también, sobre la mesa uno sobre concertación política y social para la misma Secretaría de Gobierno, como parte de una política pública que garantice ambos derechos.

Los protocolos, apuntó, deben contener reglas que no limiten, sino que aseguren el diálogo y los acuerdos, donde se pueda generar la manifestación acordando reglas que permitan a la ciudadanía realizar sus actividades.

Por su parte, la titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, se pronunció por la armonización de los derechos a la libre manifestación y tránsito de terceros, tras el fallo de la SCJN.

Entrevistada en la Suprema Corte al concluir un foro sobre derechos de migrantes, manifestó que la resolución también permitirá poner candados a cualquier reglamentación que pudiera ser contraria a la norma.

Consideró muy importante el mensaje que dieron los ministros al decir que el no avisar anticipadamente sobre la realización de una manifestación no necesariamente implica una sanción, por lo tanto estaremos viendo cada arista porque esos van a ser los ejes para el reglamento que proceda en la materia de movilidad.