Este jueves entra en vigor el protocolo de actuación ante niñas, niños y adolescentes migrantes. El documento contiene un apartado para la protección de los menores víctimas del delito. El objetivo es asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de los menores acompañados y no acompañados.

Asimismo, incluye obligaciones para el Sistema Nacional DIF (principalmente en materia de alojamiento), mientras que la procuraduría de protección al menor debe identificar los riesgos contra la vida, integridad y libertad de este grupo de migrantes y ordenar, en su caso, medidas urgentes o especiales de protección.

El texto indica las atribuciones de los agentes especializados en la atención de los menores y los procedimientos para la entrevista y notificaciones consulares, entre otros; señala las características que deberá tener el personal especializado en protección a la infancia, así como las revisiones inmediatas y las características que debe tener la entrevista y la comparecencia de los menores. También especifica cuándo debe intervenir la comisión mexicana de ayuda a refugiados y la procuraduría de protección al menor.