Al presentar su informe de labores 2015 ante la Comisión Permanente, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente, destacó que aunque se ha avanzado en construir instituciones como el Sistema Nacional de Transparencia ‘‘el país enfrenta grandes retos derivados de los reajustes económicos a escala mundial, la implementación de las reformas estructurales y particularmente del descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción’’.

Ante el pleno de la Comisión Permanente, la comisionada se refirió a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde se señala que 92 por ciento de los mexicanos consideran que en el país hay corrupción y que ‘‘es en el sector público donde más se presenta’’.

Informó a senadores y diputados que es posible constatar el interés ciudadano en el ejercicio de acceso a la información a través de las más de 42 millones de visitas registradas en los portales de obligaciones de transparencia de las instituciones de la administración pública federal.

En ese contexto, la comisionada Puente subrayó que es importante destacar el ritmo al que la sociedad se ha sumado al ejercicio y defensa de este derecho, ‘‘tal como lo denotan los casi 7 mil recursos en materia de acceso a la información registrados por el Inai en 2015’’.

Batalla contra la opacidad

Tal situación, además de representar un crecimiento de 18.6 por ciento en comparación con los recursos recibidos en 2014, refleja un índice de recurrencia de 5.7 puntos, cifra tres puntos más alta que el año pasado, ‘‘lo que da cuenta del interés ciudadano en hacer de este recurso una batalla contra la opacidad’’.

Puente de la Mora informó que durante 2015 se recibieron 120 mil 813 solicitudes de información; de ellas el mayor número fueron dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud (Ssa).

La presidenta del Inai manifestó que entre los recursos más relevantes se encuentran las solicitudes para la difusión de información y su implicación en el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano; diversas resoluciones en materia de violaciones graves a derechos humanos, entre las que destaca el caso Ayotzinapa y sobre la entrega de la base de datos de la evaluación universal de educación primaria, así como información de los derrames mineros ocurridos que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, entre otros.

Puente destacó que ha habido un notable crecimiento en la incidencia de problemas como robo de identidad, bulling por redes sociales o el sexting, que tanto afecta a los jóvenes en el ámbito del sector público.

El Inai, apuntó la comisionada, recibió durante 2015 una cifra récord de casi 33 mil solicitudes de acceso y corrección de datos personales, 12.8 por ciento más que el año anterior.

Con el objeto de garantizar y promover la protección de datos personales en el sector privado, el instituto impuso sanciones por un total de 84 millones de pesos, ‘‘lo que representó un incremento de prácticamente el doble respecto de los casi 43 millones de 2014 por el mismo concepto’’. El sector más sancionado fue el de servicios financieros y de seguros, ‘‘con un monto de más de 58 millones de pesos, seguido del sector de información en medios masivos, que recibió multas por casi 12 millones 500 mil pesos, y el sector transportes, correos y almacenamiento, que se hizo acreedor a sanciones por casi 8.5 millones’’.

El senador Alejandro Encinas (PRD) manifestó su desacuerdo a la comisionada porque el instituto reservó información ‘‘de violaciones a derechos humanos en los casos Tlatlaya y la masacre estudiantil de 1968’’.

A su vez, la panista Laura Rojas pidió a Puente que exhorte a los gobiernos de Aguascalientes y de Veracruz a que publiquen las leyes en materia de transparencia, ‘‘que ya fueron aprobadas por sus congresos locales, pero no han sido publicadas en esas entidades’’.

Finalmente, el diputado de Morena Virgilio Caballero cuestionó que siga sin funcionar la Plataforma Nacional de Transparencia, que sería el medio para comunicar la información de los tres niveles de gobierno.