ranscurridas –en julio pasado– las convenciones de los dos mayores partidos políticos estadunidenses, que acapararon la atención con el fascinante y en ocasiones repulsivo espectáculo ofrecido por los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, los numerosos familiares acompañantes, las diversas celebridades políticas presentes y ausentes, la variopinta multitud de oradores invitados y los previsibles comentarios de presentadores y analistas. Algunos de estos últimos, pocos, estimaron de interés volver la vista a las plataformas electorales aprobadas, casi como un trámite que se espera pase desapercibido, temprano en el primer o segundo día de cada convención.

Aunque las plataformas constituyen la más elaborada expresión de la posición oficial de cada partido –contra la cual suelen contrastarse las expresiones directas de los candidatos y cuyo contenido se compara con el de las correspondientes a procesos electorales anteriores para apreciar la evolución o involución de las posturas políticas–, no son documentos que en realidad permeen las expresiones más amplias del debate político electoral. Por lo general, se considera que las plataformas reflejan, sobre todo, los puntos de vista de las élites dirigentes o dominantes de cada partido, matizadas en ocasiones por puntos de vista específicos de los candidatos propuestos.

Es notorio el contraste entre ambos documentos. Si las plataformas políticas en año electoral se ven como una suerte de aproximación al programa de gobierno, es claro que el documento demócrata ofrece mucho mayor riqueza y detalle de planteamientos y propuestas. Cada una de las que contiene parece contar con un grado suficiente de elaboración previa y de racionalidad en su formulación. Si, en cambio, el documento se concibe como un elemento más de la propaganda política electoral, orientado a denostar al adversario más que a explicar y fundamentar las posiciones propias, la plataforma republicana se ajusta a este modelo.

Por todo lo anterior, resulta interesante adentrarse en el análisis del contenido y alcance de los documentos demócrata (www.demconvention.com) y republicano (www.gop.com) de 2016 en lo que se refiere, para nuestro propósito, a los temas de energía y ambiente. El enfoque de estos asuntos y el alcance de los planteamientos y propuestas contenidos en cada uno de ellos ofrece un muy claro ejemplo del abismo que, en la mayoría de las cuestiones, divide las ofertas políticas entre las que optarán los electores estadunidenses el próximo noviembre.

La diferencia que más se ha destacado es, desde luego, la relativa al calentamiento global y a las medidas adoptadas por la comunidad internacional para contrarrestarlo. El lenguaje de la plataforma republicana es casi inconcebible. Sobre el fenómeno en sí afirma: “el cambio climático está muy lejos de ser el asunto de seguridad nacional más importante para este país –es el triunfo del extremismo sobre el sentido común”–, y califica de apócrifas sus bases científicas y de organismo político al Panel Internacional de Expertos. Por contraste, el documento demócrata reconoce que el cambio climático constituye una amenaza urgente y el desafío definitorio de nuestro tiempo. Expresa la intención de que Estados Unidos encabece la lucha mundial para combatirlo. Por su parte, la plataforma republicana contiene una expresión de rechazo tanto del Protocolo de Kioto como del Acuerdo de París de la COP21, que sólo representan el compromiso personal de quienes lo firmaron y, por tanto, no obligan a Estados Unidos en tanto no sean sometidos al Senado y ratificados por éste. Es evidente que, basada en esta plataforma, una administración republicana echaría por tierra los avances de varios decenios en esta materia.

Quizá la cuestión más debatida respecto del sector de energía en la actual campaña política electoral estadunidense sea la relativa al futuro de la producción y uso del carbón, el más contaminante de los combustibles fósiles, cuya ponderación en el balance energético del país sigue siendo muy importante. La plataforma demócrata ofrece una vía hacia la transición, que permita un abandono ordenado y progresivo de la extracción y uso del carbón, en forma compatible con el cumplimiento de los compromisos ambientales y protegiendo la transferencia de los trabajadores del carbón –que integran núcleos significativos en varias regiones– hacia otras actividades que les proporcionen empleo remunerativo. Indica, por ejemplo: “La lucha contra el cambio climático no debe marginar o excluir a ninguna comunidad –incluso las carboníferas– que por generaciones mantuvieron encendidas las luces en nuestro país. […] haremos nuevas inversiones que creen empleos y construyan un futuro económico más brillante y resiliente. Nos opondremos a las amenazas a la salud pública de estas comunidades por prácticas de extracción dañinas o peligrosas, como las operaciones mineras de remoción de picos montañosos.” Es clara la primacía que se reconoce a las cuestiones ambientales.

En cambio, la republicana propone una extracción y consumo irrestricto del carbón, ya que considera que el problema consiste en que el Partido Demócrata no entiende que el carbón es una fuente nacional de energía abundante, limpia, asequible y confiable. Por tanto, proponen que, al igual que otras fuentes convencionales, el carbón se explote y use en un mercado libre, sujeto sólo a regulaciones de las autoridades locales. Se oponen también a cualquier tipo de impuesto al carbono. La prioridad es clara: se trata de obtener los votos de las comunidades carboníferas, por encima de cualquier otra consideración.

Un contraste similar se encuentra en materia de energías no convencionales. Los republicanos consideran que debe reconocerse y utilizarse la demostrada capacidad de los estados para regular el uso de la fractura hidráulica, las emisiones de metano y la perforación horizontal, de suerte que dejaría de aplicarse la regulación ambiental federal a las fuentes de petróleo y gas shale. En cambio, los demócratas proponen regular de manera efectiva la fractura hidráulica para proteger, en especial, las fuentes locales de agua potable, así como “no autorizar proyectos de fracking a los que se opongan las comunidades del estado o localidad” en que se sitúen. (Quizá estas dos propuestas puedan considerarse como ejemplo del tipo de mejores prácticas internacionales que las autoridades mexicanas se empeñan en imitar y reproducir.)

Los contrastes entre las dos plataformas son muy numerosos. Los ejemplos citados muestran la abismal diferencia de enfoque y de objetivos que existe entrambas. Sólo la demócrata muestra una vía clara hacia el predominio definido de las energías bajas en carbono hacia mediados del siglo: una aspiración universal.