Brasilia.

Alejada del poder desde mayo, abandonada por aliados y con débiles apoyos entre sus propias filas, la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, primera mujer en gobernar el mayor país de América Latina, está a un paso de perder el cargo de manera definitiva luego de que el Senado aprobó la madrugada de este miércoles someterla a un juicio político por presuntas irregularidades fiscales.

En una sesión que duró más de 15 horas y terminó en la madrugada de este miércoles, la acusación de que Rousseff violó la Constitución recibió 59 votos a favor y 21 en contra, con lo que la mandataria quedó muy cerca de perder el poder (falta sólo una votación más en el Senado) y dar por concluidos 13 años de gobierno de izquierda, cuando aún le restaban más de dos años de mandato.

El resultado de la votación en la cámara alta se veía de antemano muy probable, pues el heterogéneo arco opositor del Congreso que articuló el impeachment logró cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado, y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva al final del juicio político.

Con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro acaparando la atención de los brasileños, este resultado anuncia un escenario difícil en la etapa final del juicio, prevista para comenzar entre el 25 y el 29 de agosto, y que de resultar en su contra también podría inhabilitarla para cargos públicos durante ocho años.

En concreto, la mandataria está acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos sin la autorización del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública. Las dos infracciones son consideradas crímenes de responsabilidad.

La votación puso en evidencia que las gestiones para destituirla han cobrado impulso, pese a que Rousseff –responsabilizada además de la crisis económica que golpea al país y con el Partido de los Trabajadores (PT) salpicado por acusaciones de corrupción– ha tratado de cortejar a senadores que expresaron dudas sobre la capacidad del presidente interino, Michel Temer, para gobernar.

Esta no es una situación fácil, reconoció José Eduardo Cardozo, quien fue secretario de Justicia durante el gobierno de Rousseff y está a cargo de su defensa, al portal noticioso local G1, después de la votación.

Cardozo, sin embargo, aún tiene esperanzas. Adelantó que evaluará sus opciones de apelación ante el Supremo Tribunal Federal, y consideró que varios senadores que votaron en favor de enjuiciarla podrían estar reacios a dar el paso decisivo de destituirla. De esta manera, la votación final no está ligada al resultado de hoy, señaló.

Un presidente de la República sólo puede ser separado del cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor, dijo el abogado.

Rousseff rechaza el juicio político y denuncia ser víctima de un golpe articulado por Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su ex socio político, a quien acusa de traición y de usurpar su cargo.

Temer había pedido acelerar el impeachment porque la gente necesita saber quién es el presidente antes de asistir a la cumbre del G-20 en septiembre.

El presidente interino, también muy impopular pero con apoyo parlamentario, busca asegurar la presidencia hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando terminaría el mandato de Rousseff, quien de ser sentenciada se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, quien votó por destituirla.

El PT, fundado por Luiz Inacio Lula da Silva, leyenda de la izquierda latinoamericana que hoy es asediado por la justicia en distintas causas de corrupción, señaló que el juego no ha terminado. La posición definitiva de cada uno se va a consolidar la semana anterior a la votación. Hasta ese momento continuaremos luchando. No vamos a desistir, dijo el senador Humberto Costa, líder del partido en la cámara alta.

Legisladores de izquierda brasileños solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para frenar el juicio político contra la presidenta, al denunciar violaciones al debido proceso.

La petición, presentada ante la CIDH por los diputados Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous, del PT, y el senador Telmario Mota, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), califica de golpe el proceso impulsado por las dos cámaras del Legislativo y aprobado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Se identificaron una serie de situaciones en la Cámara de Diputados, el Senado y el Supremo Tribunal Federal, en desacuerdo con los protocolos internacionales de los cuales Brasil es signatario. Son violaciones graves, destacó Pimenta ante la prensa brasileña.

La CIDH confirmó la recepción de la petición. El organismo dará trámite normal a la petición y a la solicitud de medida cautelar, comunicó el organismo en Washington. La CIDH no tiene un plazo fijo para pronunciarse.