Ejidatarios de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma, estado de México, responsabilizaron a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, del despojo de 50 hectáreas por empresas automotrices e inmobiliarias. En un exceso de atribuciones, aplicó la orden del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de entregar diversas superficies a empresas como Chevrolet, Hino, Continental; tardamos 80 años en que nos entregaran los documentos agrarios para tener la posesión legal de mil 936 hectáreas, hoy de un plumazo nos restan superficie por acciones poco claras, expresaron.

Encabezados por Juan Osorio Gutiérrez, presidente del comisariado ejidal, cerca de un centenar de los afectados mantuvieron por día y medio un plantón en las instalaciones de la Sedatu en protesta por lo que calificaron como una mutilación ilegal y arbitraria al plano definitivo del ejido. El 29 de octubre de 1929, por resolución presidencial se dotó de la citada superficie a San Pedro Tultepec; el 3 de junio de 2011 nos entregaron la carpeta básica y los planos definitivos, los cuales son inmodificables, abundaron.

Constante lucha por la tierra

La lucha por la tierra ha sido constante; particulares como las familias Arriaga Albarrán, Abascal Sáinz; Sergio Mena y Carmen Ontiveros, entre otras, mantienen una disputa con el ejido, por lo que en 2001 interpusimos un amparo contra el despojo de la tierra, el cual se ganó. Sin embargo, no han cesado en sus presiones y el año pasado lograron que la juez Laura Gutiérrez de Velasco Romo, de juzgado séptimo ordenara la restitución de las 50 hectáreas.

El director de Ordenamiento Territorial, Luis Armando Bastarrechea, elaboró machotes para restituir a cada uno de los inconformes la superficie reclamada por cada uno –y que suman 50 hectáreas–, con lo cual excedió sus funciones, pues la Sedatu es una autoridad administrativa, apuntaron. Las familias de los 300 ejidatarios fueron perjudicadas, pues el terreno entregado a las empresas y a los particulares es comunal y estaba destinada a la siembra de maíz, hortalizas y a diversas actividades del campo, dijo Osorio Gutiérrez.

Agregaron que el caso lo presentaron al Tribunal Superior Agrario, instancia que se comprometió a atraer el caso. Ayer, las autoridades ejidales y sus asesores legales Bárbara Zamora y Santos García fueron recibidos por funcionarios de la Sedatu, quienes se comprometieron a analizar el caso e instalar una mesa de negociación el miércoles de la próxima semana.