La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó al Estado mexicano a crear un marco jurídico que brinde sustento y certidumbre al derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, para que sean partícipes en la toma de decisiones que les involucran.

Al presentar, en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la recomendación general 27, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, advirtió que las autoridades constantemente vulneran ese derecho en el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de recursos.

Dijo que en México la consulta se da en diversas ocasiones en un contexto de violencia, amenazas, hostigamiento, represión y criminalización hacia los integrantes y representantes de las comunidades, además de que la información que se les proporciona a veces es poco clara, imprecisa e incompleta.

Sostuvo que la autoridad ha sido omisa en algunos casos en dar respuesta a las preocupaciones e inquietudes planteadas por los afectados, y no siempre se cumple con el elemento de buena fe, toda vez que las autoridades han llegado a impulsar campañas de desinformación entre las comunidades o las consultas se han formulado como medio para legitimar una propuesta.

González Pérez lamentó que aunque el Estado tiene el deber de consultar con sus pueblos indígenas las cuestiones y materias que afectan sus derechos e intereses, el análisis de algunos de esos ejercicios arrojaron que carecieron de procedimientos culturalmente adecuados.

Hubo casos en los que la autoridad no entregó la información con la calidad idónea, no la presentó en la forma requerida por el pueblo indígena, no respetó la forma de tomar decisiones de las comunidades o sólo se consideró al sector a favor del proyecto, manifestó.

Mencionó que la recomendación general emitida por la CNDH indica que el Estado debe cumplir con al menos cinco características para satisfacer el objetivo que persigue una consulta: que sea previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

Al subrayar que México tiene un compromiso y una deuda con sus pueblos y comunidades indígenas, resaltó que la propuesta es por la elaboración de leyes específicas, tanto a escala federal como local, sustentadas en los más altos estándares de protección tanto nacionales como internacionales.

Norma Inés Aguilar, cuarta visitadora general de la CNDH, sostuvo el llamado al Ejecutivo federal para que presente una iniciativa de Ley al Congreso sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.

Pidió a las cámaras del Congreso que aseguren en el proceso legislativo la participación de esos grupos, de organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

Señaló que procesos similares deben asumir el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, gobernadores y congresos locales.