Tras cinco años de huelga y movilizaciones, el Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak (Sutcs) logró un acuerdo con la empresa Bata Internacional, con lo cual, a pesar de que no será reabierta la fábrica, ubicada en Tlaxcala, los empleados recibirán una liquidación de 100 por ciento y el pago de 55 por ciento de salarios caídos.

Además obtendrán 10 por ciento del contrato colectivo, es decir, prestaciones como vacaciones, bonos y 2 por ciento de cuotas sindicales.

El Sutcs, encabezado por Gustavo Labastida Adriano, liberado en mayo pasado luego de que demostró que era inocente de los cargos que le imputó la compañía, manifestó que los trabajadores vivieron un prolongado y amañado proceso legal. Por ello acudieron ante la Organización Internacional del Trabajo y la sede de Bata Internacional, en Lausanne, Suiza, a denunciar la situación.

A raíz del viaje a Suiza se logró que el vicepresidente internacional del corporativo, Tim Jude, viniera a México para llevar a cabo una negociación. El 30 de junio pasado se firmó un convenio, en el cual se dio por terminado el conflicto, indicó el secretario del trabajo del gremio, Epifanio García Carrillo.

Sostuvo que después del acuerdo, el 20 de julio, todos los trabajadores recibieron sus finiquitos, lo cual es un éxito de la lucha obrera. Puntualizó que el convenio fue alcanzado sólo entre el Sutcs y representantes de Bata, ya que el gobierno de Tlaxcala, encabezado por Mariano González Zarur, y los organismos laborales estatales no hicieron nada por los obreros. Al contrario, maniobraron para que desistieran de la lucha, apuntó.

Cabe señalar que el conflicto se inició cuando la empresa determinó ilegalmente cerrar la planta y propuso a los trabajadores que maquilaran en sus domicilios, desconociendo la relación laboral y al sindicato. Por ello los empleados comenzaron la huelga, que fue declarada inexistente. Además, las autoridades laborales quitaron el reconocimiento legal a la dirección sindical.

Así la empresa pudo sacar maquinaria, con apoyo de la policía estatal. Se giraron órdenes de aprehensión contra los representantes, y se encarceló a dos dirigentes: Epifanio García Carrillo y Gustavo Labastida.

De este último se solicitaban 43 millones de pesos para su liberación, cantidad impagable para el sindicato. Se usó esa petición como chantaje para que los trabajadores aceptaran pírricos finiquitos a cambio de su liberación; no obstante, el tribunal colegiado del vigésimo octavo circuito de Tlaxcala otorgó un amparo, en el que se les reconocía como trabajadores y su relación laboral con la empresa, lo cual abrió el camino para una solución definitiva del conflicto.