El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha condonado más de 822 mil 500 millones de pesos a contribuyentes de 2007 a mayo de 2016, por lo cual el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió que la instancia dé a conocer nombres, denominaciones y razones social de quienes se beneficiaron de la cancelación de algún crédito fiscal, así como el motivo.

En la sesión ordinaria de ayer el comisionado Óscar Mauricio Guerra presentó un recurso de inconformidad contra la falta de información del SAT sobre el tema. Hizo un llamado a las autoridades de esa instancia a cumplir las resoluciones que emita el órgano.

Ello porque a la fecha han sido emitidas 32 resoluciones sobre el tema, las cuales no han sido cumplidas por el SAT. Por eso se han interpuesto el mismo número de denuncias, debido a que esa instancia ha persistido en incumplir con dar a conocer la información requerida.

Ahora, con la nueva Ley Federal de Transparencia, el Inai cuenta con medidas de apremio, por lo que podrá imponer amonestaciones públicas o multas, que van de 150 a mil 500 veces el salario mínimo general vigente, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, subrayó el comisionado.

Argumentó que este caso es importante por el elevado monto de condonaciones fiscales, equivalentes a 4.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2015 y la sexta parte de todo el gasto total de ese año. Eso significa que el Estado dejó de percibir importantes recursos, que le permitirían instrumentar programas para la erradicación de la pobreza y la desigualdad. El fallo fue aprobado por todos los comisionados.

En la sesión se revisaron 141 resoluciones, entre ellas una que involucra al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (Stunam), que presentó el comisionado Francisco Javier Acuña, ya que un particular solicitó al gremio el reglamento interno de trabajo y el catálogo de puestos de personal de confianza.

Ante ello el Stunam respondió no tener competencia; sin embargo, todos los comisionados votaron en favor de que el gremio modifique su respuesta y atienda la solicitud, debido a que legalmente está obligado a publicar y dar a conocer dicha información.