l punto débil de la nota del periódico inglés The Guardian sobre el otro departamento de Angélica Rivera Hurtado en Miami es la falta de probanza (al menos, en lo publicado ayer) respecto de un conflicto de intereses. Lo confiesa el propio encabezado de ese texto, que generó ayer un nuevo escándalo político-inmobiliario en México: Ricardo Pierdant, el empresario en entredicho, quien estaría beneficiando a la esposa de Enrique Peña Nieto, sólo pudo ser definido como un potencial contratista de gobierno (https://goo.gl/7P1m4n).

El potencial infractor, Pierdant, pagó impuestos del departamento 304 de Ocean Tower One, en la isla Key Biscayne (propiedad de Rivera ese departamento, según ella misma lo informó en el contexto de las revelaciones que provocó el caso de la Casa Blanca de Las Lomas de Chapultepec), y del 404, propiedad de una empresa de Pierdant que ahora se asegura que también habita la esposa de Peña Nieto cuando va a aquella ciudad de Florida. Conforme a lo conocido en circunstancias similares, resulta muy sugerente de conflictos de intereses, tráfico de influencias y triangulaciones monetarias el saber documentada esa generosidad en el pago de impuestos a la esposa de un político muy versado en manejos del erario para beneficio de los receptores de contratos y de los otorgantes.

Pero, a diferencia del trabajo periodístico de Carmen Aristegui y su equipo respecto de la mansión de Sierra Gorda, en esta ocasión solamente se está ante algo potencial, que tal vez llegue a destapar una cloaca, pero que hoy sólo tiene un restringido botón de muestra. Incluso, en defensa de la potencial peligrosidad contratista, se recordó lo escrito tres años atrás por Darío Celis, columnista de temas económicos en Excélsior, quien relató que en un viaje oficial a China, para explorar posibles negocios de puertos marítimos y trenes rápidos, se había invitado a directivos de tres empresas, entre ellas al Grupo Pierdant (http://goo.gl/95HkAX). Pero no hubo ni hay más.

Aun así, a los Peña-Rivera les va ganando la fama. Conforme pasaban las horas del martes se asentaba la convicción de que el caso de los departamentos de Miami se inscribe en el contexto de la amplia e impune corrupción sexenal. En las redes sociales se multiplicaban los argumentos que a partir de la hoja de pagos de impuestos en Florida consideran evidente que esos favores empresariales a Rivera Hurtado están en consonancia con favores gubernamentales habidos o potenciales.

Esos criterios fueron reforzados con la publicación, en el portal electrónico Sin embargo, de un adelanto del próximo libro de la periodista Sanjuana Martínez, Yo soy la dueña (editorial Planeta), sobre la vida de Rivera Hurtado (http://goo.gl/jAkDXU). Sanjuana estuvo en la isla y en el edificio adonde suele ir la ex actriz de Televisa con hijos y con muchos escoltas, por eso tienen dos departamentos. Un hilo a seguir, en este caso, se relaciona con firmas especializadas en lavado de dinero, capaces de encubrir operaciones en el extranjero relacionadas con ganancias provenientes de actividades en México.

La defensa gubernamental del caso constituyó el segundo punto débil del día. El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, fijó una posición respecto de lo publicado por The Guardian que, para fines sociales, y en las condiciones de incredulidad generalizada respecto a justificaciones desde el gobierno, resulta contraproducente (http://goo.gl/7KGUFa).

Sánchez Hernández eludió olímpicamente (para estar a tono con los días deportivos que corren) el responder a lo sustancial de la publicación firmada en México por José Luis Montenegro. Descalificó a The Guardian, aseguró que no hay contrato alguno con Pierdant (ni realizado antes ni que esté en curso), consideró la nota como una especulación a todas luces dolosa y recordó que ya antes esa publicación tuvo que pedir disculpas a los lectores por no poder sostener la veracidad de lo difundido (fue en 2013, cuando el periódico inglés se desdijo de un reportaje sobre la presunta venta de un plan de apoyo de Televisa a Peña Nieto para posicionarlo como candidato presidencial, http://goo.gl/GCI0Tk).

Pero nada dijo el comunicador oficial respecto de dos hechos centrales: ¿usa o no Rivera Hurtado un departamento extra, el 404, propiedad de una empresa del Grupo Pierdant? ¿Por qué este Grupo Pierdant pagó los impuestos de la propiedad que se dice presta a Rivera Hurtado, el departamento 404, pero también del 304, que pertenece a Angélica y no al grupo empresarial?

Evadir esos temas, planteados por The Guardian y por Sanjuana Martínez, resulta muy significativo ante una opinión pública profundamente agraviada por la vocación inmobiliaria corrupta de la clase política mexicana, sobre todo en sus más altos niveles. Ese silencio oficial dice demasiado ante ciudadanos cansados de tretas, coartadas, convenios privados, excusas femeninas por televisión, solicitudes masculinas de perdón, exoneraciones a cargo de subordinados carnavalescos y otras fórmulas de impunidad ostentosa.

Los dos puntos débiles del día, la imposibilidad de The Guardian de demostrar conflicto de intereses, y la fuga declarativa oficial respecto del uso del segundo departamento y el pago de impuestos en dos inmuebles, terminan dando paso a una convicción generalizada, así no haya más que datos insuficientes, de que en el caso Miami se está frente a maniobras del poder en busca de beneficios personales.

Y, mientras The New York Times ha publicado un texto bajo el título El hombre más rico de México enfrenta a un nuevo enemigo: el Estado que le ayudó a enriquecerse (http://goo.gl/thWpzm), ¡hasta mañana, con la interventora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, diciendo ante diputados y senadores mexicanos: pero hay un tema en el que todos están de acuerdo, ¡ya basta de corrupción! Y podemos ver que los mexicanos están uniendo esfuerzos para hacer algo al respecto y para hacer que sus voces se escuchen en las urnas!

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