El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció por una solución justa, legal y sustentable del conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero advirtió: Si se cede o se dan concesiones ante acciones de extorsión, no hay garantía de que la CNTE y otros grupos no vuelvan a provocar el caos en un año o mañana.

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, manifestó que aunque la conciliación es indispensable, no habrá solución contundente, perdurable y justa si se acompaña de la infracción de la ley y se tolera que se violenten los derechos de terceros.

Recordó que el gobierno federal tiene la facultad constitucional del uso de la fuerza para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y su seguridad física y patrimonial, la cual se debe ejercer con eficacia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

De hecho, la experiencia de este conflicto debería dar pie a precisiones a nivel legal para salvaguardar los derechos básicos, como el de libre tránsito. Es necesaria una regulación adecuada de las marchas y movilizaciones, para que no se afecten otras garantías cívicas, aseveró.

El sector empresarial, dijo, diseñó un mecanismo para monitorear las afectaciones provocadas por bloqueos y vandalismo, para solicitar protección y apoyo de las autoridades de manera oportuna. Además, para contar con una radiografía precisa de la evolución de los conflictos.

Aclaró que no existe un llamado de los industriales a incumplir las obligaciones tributarias, pero explicó que éstas serán reflejo de la realidad de cada compañía. Quien debido a la situación no gane o tenga pérdidas, no tendrá más opción que declarar minusvalías y cero impuestos, subrayó.

Castañón destacó que se pueden encontrar respuestas adecuadas para mejorar la implementación de la reforma educativa, pero aseguró que ni la CNTE ni el gobierno federal tienen facultades para echar abajo disposiciones constitucionales, modificar leyes o aplicarlas a discreción, en función de una negociación.

Expresó que deben fijarse plazos para resolver el conflicto, y pidió que haya transparencia en el proceso del diálogo.

No podemos llegar al 22 de agosto, fecha del regreso a clases, sin resolver el conflicto en lo sustancial. Es inaceptable que millones de niños y jóvenes sigan perdiendo clases y se ponga en jaque su futuro.