Avestruz
nte los reclamos de más de una centena de investigadores por los cambios en el módulo de condiciones socioeconómicas 2015 y la imposibilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para rendir un informe sobre la medición de la pobreza, el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell, ha preferido ocultarse y arrojar la cabeza de un funcionario (Miguel Cervera Flores); sin embargo, no ha dado la cara ante el reclamo de la sociedad por la falta de transparencia en el manejo de la información y, al parecer, no lo hará.
A pesar de que ocupó recientemente el cargo en sustitución del foxista Eduardo Sojo, el presidente del Inegi mantiene la actitud medrosa de los anteriores responsables de ese organismo, donde no se movía una sola hoja del árbol a menos de que el secretario de Hacienda y Crédito Público así lo ordenara.
Hoy se pone en duda el papel del Inegi en la recopilación y procesamiento de los datos que permiten evaluar las políticas de combate a la pobreza, pero de continuar el silencio de los funcionarios, con el pretexto de que sólo los enterados entienden sus metodologías, esa desconfianza se extenderá hacia el resto de la información que genera.
Si cada vez que el Inegi elabora el censo o el conteo de población tiene que enfrentar el descrédito de autoridades municipales a las que afecta por la precisión de sus datos, ¿qué pasará ahora que se comience a desconfiar de su labor en general? ¿Qué ocurrirá cuando esa desconfianza se extienda hacia la tasa de desocupación, las cifras de seguridad pública, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el producto interno bruto…?
Basta la más pequeña sombra de duda sobre la información para desacreditar el trabajo de los especialistas del instituto que sí se esfuerzan. Dada la necesidad de contar con herramientas para la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno y con diagnósticos que permitan elaborar planes de gobierno, urge que se aclare el asunto.
