Acapulco, Guerrero, es el municipio más violento del país, por el número de delitos denunciados, tanto a escala general como los considerados de alto impacto.

Este importante polo turístico está marcado en el número uno del “ranking de prioridad” para la Secretaría de Gobernación (SG), coordinadora de la estrategia de seguridad nacional.

Con base en esta clasificación, son definidas las características operativas y presupuestales de combate al crimen.

En la lista de municipios con mayor incidencia delictiva le siguen Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; Ecatepec, estado de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Chilpancingo, Guerrero, y Nezahualcóyotl, estado de México, así como la delegación Iztapalapa, de la capital del país.

Después se ubican Puebla, Puebla; la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; Mexicali, Baja California; Zapopan, Jalisco; Chimalhuacán y Tlanepantla, estado de México; Morelia, Michoacán; Centro, Tabasco; Mazatlán, Sinaloa, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para esta clasificación se toman en consideración no sólo los delitos denunciados (generales y de alto impacto), sino otros elementos de riesgo y prevención del delito.

Por ejemplo, si bien Colima está en el número uno, por la tasa de homicidios dolosos más alta del país, respecto del tamaño de su población, Guerrero persiste en la cúspide por más asesinatos.

En el caso de Acapulco, de enero a junio de este año se reporta una incidencia de 19 mil 302 delitos, de los cuales mil 125 son de alto impacto. Aquí se incluyen 466 homicidios dolosos, casi todos cometidos con arma de fuego.

Le siguen Tijuana, con 805 en la clasificación de alto impacto; Culiacán, con 539; Ecatepec, 459; Guadalajara, 455; Monterrey, 423; Zapopan, 337; Iztapalapa, 324; Ciudad Juárez, 319, y Chilpancingo, 309.

Esta semana se realizará una reunión entre representantes de la SG e integrantes de la Conferencia Nacional de Municipios de México, para atender la problemática de las amenazas del crimen organizado que derivaron este año en el asesinato de alcaldes. Los más recientes fueron los ediles de Huehuetlán, Puebla, José Santamaría, y de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto.

En el encuentro, indicaron a La Jornada fuentes de la dependencia federal, se explicará la tendencia delictiva a escalas nacional, estatal y municipal, y se revisarán las atribuciones y alcances de las administraciones locales, bandos de policía y buen gobierno, tanto de seguridad, protección ciudadana y prevención de crímenes.

Otro aspecto fundamental que la SG busca esclarecer es que el envío de fuerzas federales es en corresponsabilidad con las autoridades locales, es decir, no es una obligación de la administración federal sino, en su caso, soporte a las carencias municipales y estatales.

Ante la solicitud para que el gobierno federal contribuya a la seguridad personal de los presidentes municipales, a través de fuerzas armadas, así como de automóviles blindados y armas de grueso calibre, las fuentes consultadas dijeron que el análisis inicial es sólo en cuanto a seguridad, porque para la distribución de recursos no habría suficientes para dotar de esos elementos a todos los ediles que lo soliciten.