Integrantes de agrupaciones de ex braceros y sus familiares marcharon del Hemiciclo a Juárez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el contexto de una audiencia con el ministro Fernando Franco, a la que asistieron una delegación de las organizaciones y su asesor legal Porfirio Martínez.

La intención fue sensibilizar a los ministros de la segunda sala de la Corte para que no resuelvan por consigna y tengan claro que no se trata de decidir sobre papeles o números, sino sobre un adeudo que el Estado mexicano tiene con seres humanos.

Efraín Arteaga Domínguez comentó que la SCJN determinará si se concreta la devolución del 10 por ciento retenido al sueldo de los ex braceros, enviado a México para constituir un fondo de ahorro. Sin embargo, el dinero nunca se restituyó a los beneficiarios.

Confió en que la Corte reconozca esta deuda histórica del gobierno y que también la administración federal pague el apoyo social por 38 mil pesos a los ex trabajadores migratorios.

La SCJN analizará el recurso de revisión que interpuso el gobierno federal en contra de la sentencia dictada el pasado 29 de febrero por la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Paula María García-Villegas Sánchez Cordero, el cual ordena al presidente de la República pagar a los ex braceros sus fondos de ahorro.

Detalló que según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México ascienden a más de cinco billones de pesos. Eso es lo que el Estado mexicano debe a los braceros. ¿Por qué es tanto? Porque es 10 por ciento de los salarios que les retenían cuando trabajaban en Estados Unidos, a más de 4 millones 600 mil braceros, y eran sus ahorros a lo largo de 25 años, desde 1942 hasta 1967. Además, era 10 por ciento en dólares. A eso hay que agregar los accesorios legales, que son intereses bancarios y actualizaciones por la inflación, correspondientes a 74 años que han transcurrido. Por eso es una cantidad tan grande.

Indicó que según el cálculo de la juez, a cada ex bracero el gobierno mexicano le debe un millón 96 mil pesos. Esta sentencia fue impugnada por la Presidencia de la República, así que el asunto se fue al decimoprimer tribunal colegiado del primer circuito, y cuando ya estábamos a unos días de que el colegiado resolviera, intervino la PGR, solicitando a la Corte que ejerciera su facultad de atracción, y ahora el caso está en la segunda sala.

Según estudios de la Cámara de Diputados hoy existen todavía 3 millones 233 mil 755 ex braceros o familiares de ex braceros con derecho a reclamar legalmente ese dinero.