La Secretaría de Gobernación (SG) definió un programa de prevención de reincidencia de las personas en prisión y para brindar ayuda a sus familias.

La estrategia de consolidación incluye la puesta en marcha de un modelo integral que dé seguimiento a los reclusos que obtengan su libertad, especialmente en grupos vulnerables.

El modelo tiene como tarea localizar a los adolescentes y acercarles recursos para su reintegración familiar, social y productiva.

Este sector de la población es uno de los más afectados, continúa como las principales víctimas y victimarios de los delitos de alto y bajo impacto. En 2013, 12 mil adolescentes se encontraban sujetos a proceso o en reclusión por cometer delitos. Siete mil de ellos cometieron faltas leves y 5 mil se encontraban privados de su libertad porque cometieron delitos graves.

En 2013, 50 adolescentes por cada 100 mil fueron privados de su libertad por cometer delitos graves. (En adultos la tasa es de 220 por cada 100 mil), indica un estudio de la antropóloga Elena Azaola, especialista en temas como instituciones penitenciarias, violencia y delincuencia juvenil.

Un tercio de los adolescentes en conflicto con la ley fueron acusados de cometer robos con violencia; 22 por ciento, homicidios; 17 por ciento, portación de arma prohibida; 15 por ciento robo de vehículo; 15 por ciento, secuestro, 10 por ciento, delitos contra la salud y otro tanto, por delincuencia organizada.

Desde el comienzo del sexenio se presentó un esquema de intervención para atender a jóvenes en esta situación. No se han presentado informes respecto al número y acciones en favor de este grupo, y tampoco estadísticas recientes de la población juvenil en prisión.