Madrid.

El Tribunal Constitucional español decidió por unanimidad admitir a trámite y por la vía de urgencia la petición hecha por el gobierno español, presidido por el derechista Mariano Rajoy, de suspender de forma cautelar la moción aprobada la semana pasada en el Parlamento catalán en la que anuncia las primeras medidas para proclamar la independencia de manera unilateral.

Los 12 magistrados que representan al máximo órgano jurídico en materia constitucional advirtieron que en caso de no asumir esta prohibición las consecuencias podrían ser sanciones administrativas y penales contra las principales autoridades de Cataluña.

España y Cataluña protagonizaron un nuevo episodio en la escalada de desencuentros y tensiones que se enfrentan desde hace un lustro. En respuesta a la moción aprobada por el Congreso catalán, gracias a la mayoría absoluta de las dos principales formaciones independentistas, Junts pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP), el Tribunal Constitucional admitió a trámite la petición con la que Madrid pretende desactivar la desconexión unilateral de Cataluña con el resto de las instituciones españolas.

El fallo representa una advertencia a los miembros del gobierno catalán, encabezado por el nacionalista moderado Carles Puigdemont, y los integrantes de la Mesa del Parlamento, incluida su presidenta, Carme Forcadell, activista a favor de la independencia y una de las principales líderes del movimiento separatista de los últimos cinco años.

El tribunal se limitó a dar trámite al incidente y a conceder un plazo de 20 días al Parlamento catalán para que presente alegatos, y también al fiscal del Estado, representante legal del gobierno español, para que informe sobre la petición de nulidad. Cuando reciba esa documentación decidirá si anula definitivamente la hoja de ruta independentista, que incluye un referendo unilateral.

El alto tribunal tampoco resolvió si aplica las medidas de naturaleza coercitiva solicitadas por la Abogacía del Estado, entre ellas la deducción de testimonio contra la presidenta de la cámara catalana para que la fiscalía inicie una investigación penal por un presunto delito de desobediencia.

En respuesta a la decisión del tribunal, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, formación que forma parte de la coalición Junts pel Sí), Joan Tardá, advirtió que lo más importante es que nosotros nos mantendremos fieles al Parlamento de Cataluña. Si hay que desacatar, lo haremos, ya que el TC ha optado de forma desvergonzada por la vía autoritaria, por la vía de la violencia judicial. Así que tenemos que contemplar todas las posibilidades.

En el mismo sentido se expresó al diputada de las CUP, Mireia Vehí, quien advirtió: no acataremos la decisión y seguiremos con el despliegue del proceso constituyente.