Cancún, QR.

Unos mil 200 quintanarroenses interpusieron un amparos en contra de la llamada ley Borge, una serie de reformas recientemente aprobadas que permiten, entre otras medidas, que el gobernador saliente Roberto Borge Angulo tenga escoltas para él y su familia durante los próximos 15 años, con cargo al erario.

El documento con las más de mil firmas fue entregado al mediodía de ayer en el juzgado de distrito de esta ciudad por José Gabriel Fernández.

Explicó que el recurso no ataca directamente las normas aprobadas, sino su fundamentación y la exposición de motivos de las reformas, pues no hubo un análisis contundente ni respaldo social.

Las reformas también otorgan ocho años de protección a ex servidores públicos que hayan tenido que ver con la elaboración de alguna ley en el estado, con administración de justicia o que hayan estado en situación vulnerable a causa del crimen organizado.

Los ciudadanos también se inconformaron por el llamado paquete de impunidad, que incluye el nombramiento del ex procurador estatal Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal general del estado –cargo que ocupará durante siete años– y la designación de Javier Félix Zetina González, primo del ex gobernador y actual senador priísta Félix Arturo González Canto, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Mientras, el presidente municipal electo de Benito Juárez (Cancún), Remberto Estrada Barba, presentó su equipo de transición, en el que destacan ex colaboradores de Borge Angulo.

En la coordinación de enlace con la comisión de asuntos políticos y gubernamentales nombró a Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Los empresarios Rodrigo de la Peña y Cristina Alcayaga estarán al frente de las comisiones de infraestructura municipal y organismos descentralizados, respectivamente, y en la secretaría de seguridad pública nombró a Héctor González Valdepeña, hasta hace unos meses comisionado de la Policía Federal en Quintana Roo, y muy cercano al mandatario estatal, entre otros.