En momentos en que el gobierno federal analiza una petición de alerta de género para Veracruz, debido a que las víctimas de violación no tienen garantizado el derecho al aborto, los diputados de esa entidad aprobaron una reforma que contribuye a criminalizarlas, señaló ayer Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía.

En mayo de 2016 la agrupación solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitir una alerta bajo la figura de agravio comparado, pues entre 2010 y 2015 más de 10 mil mujeres y niñas fueron víctimas de abuso sexual. A ninguna de las que resultaron embarazadas se le permitió abortar, a pesar de que la ley lo considera para esos casos, señaló.

Desde junio la Conavim investiga y analiza si la entonces iniciativa de reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción podría afectar los derechos de las mujeres, como sostienen las activistas. A las víctimas de violación no se les informa que pueden interrumpir su embarazo, y a quienes lo saben y desean hacerlo, se les impide, denunció González Saavedra.

El pasado jueves los diputados veracruzanos aprobaron los cambios al artículo 4 de la Constitución. Ahora tienen que asumir su responsabilidad, pues están poniendo en riesgo todas las causales: violación, malformación o cuando peligre la vida de la madre.

Antes de que la modificación sea publicada en la gaceta oficial para su entrada en vigor, falta que llegue a las alcaldías para que los cabildos la aprueben. Así que las integrantes de Equifonía y otras organizaciones exigen a la Conavim detener ese trámite.

El debate en torno al aborto ha propiciado el incremento de denuncias judiciales contra las mujeres que presuntamente se lo practicaron, deploró la activista. Casi siempre se acusa a las indígenas, pobres y que viven en comunidades rurales.

Además, el 4 de agosto vence el plazo para que el gobierno de Javier Duarte –quien promovió la iniciativa antiaborto– informe si ha cumplido las recomendaciones de la Conavim por una primera alerta de violencia género. Esa petición, también de organizaciones sociales, se originó en 2015 para frenar los feminicidios y las desapariciones.

Después de tantos crímenes, violaciones a los derechos humanos, desfalcos al erario y enriquecimiento ilícito de los funcionarios, vemos que aún se le puede hacer más daño a Veracruz. La aprobación de la reforma es una muestra, apuntó Araceli González.

El siguiente paso, previó, será eliminar la causal de violación para interrumpir el embarazo. Los diputados se van con su bono por fin de año legislativo a buscar otros puestos, y nosotras seguimos aquí, sufriendo por sus decisiones.