iudadanos y gobierno se encuentran en un juego de vencidas en el caso del Cetram Chapultepec; las autoridades están empeñadas en destinar un espacio antes abierto, aledaño al Bosque de Chapultepec, y otra parte menor dentro del mismo parque, a negocios privados a cambio de una pequeña y muy discutible renta para la ciudad.
Los vecinos organizados, la verdad es que muy bien organizados, tratan de impedir que mediante esa figura ambigua llamada contrato público-privado se despoje a la comunidad de un bien que es de su patrimonio.
Las cosas como las entiendo son así: el paradero, centro de transporte modal en el cual autobuses y peseras llegan al Metro, abierto pero abandonado a su suerte durante años, era un amplio lugar sucio, desordenado, descuidado y desatendido por las autoridades durante años. Nuestros gobernantes finalmente repararon en su existencia cuando los buscadores de oportunidades inmobiliarias descubrieron que ese terreno tan grande, en una zona tan valiosa de la ciudad, podría ser fuente de pingües ganancias.
Probablemente se pensó en un principio que podría formar parte de otro gran negocio al que se opusieron también los ciudadanos: el corredor comercial sobre avenida Chapultepec, uno de cuyos extremos sería precisamente ese paraje, o quizá se pensó en él cuando se buscaban espacios para la otra ocurrencia consistente en una rueda gigante de la fortuna.
La idea es otorgar a una empresa privada por un plazo de 40 años la superficie de terreno, 33 mil metros cuadrados, todo un tesoro; en ese lugar quien construya puede multiplicar el valor del suelo en la medida en que a los inmuebles se les agregan pisos y altura. El proyecto comprende una torre de 49 pisos, un hotel, otra torre de estacionamientos y un centro comercial, todo pensado para vender espacios privilegiados en parte bajo el régimen de propiedad en condominio. ¿A quién no le gustaría en esta ciudad tener su habitación o su oficina a la entrada del legendario bosque?
A cambio de esa concesión, dentro de 40 años, cuando quién sabe cuál será el estado de los inmuebles y una parte ya esté vendida, fuera de moda y cueste más el mantenimiento, lo construido y lo no vendido, pasará a formar parte del patrimonio de la capital; mientras tanto se cubrirá una renta irrisoria. El gran negocio será para los inversionistas.
Todo tiene los visos de uno de esos desarrollos modernos, planeados como tantos otros para obtener casi de inmediato una jugosa ganancia a cambio de un futuro incierto, como son todos los futuros, y dentro de casi medio siglo revertir a favor de la ciudad lo que quede, cuando el olvido o el descuido militen del lado de los inversionistas: es decir, para los capitalinos mal negocio, para los traficantes de inmuebles, uno muy jugoso.
Los vecinos se han opuesto, ven con claridad que las cosas no están bien; se trata de un contrato lesivo para el interés capitalino; pero también saben que a una zona ya de por sí saturada se incorporarán muchos vehículos, más tránsito de personas, menos agua para distribuir, más requerimientos de seguridad, de recolección de basura y otros servicios que los actuales ocupantes de las colonias aledañas tendrán que compartir con quienes lleguen.
Se trata también de defender espacios abiertos, árboles y paisaje, que tiene, por supuesto un valor intangible, pero importante; se defiende la artística fuente de Belén de las Flores, que por ahora es un estorbo a los planes de los desarrolladores
. Además, hay riesgos, por el peso de los inmuebles, de hundimientos y grietas en construcciones cercanas.
Los colonos que en forma pacífica pero enérgica han pedido cuentas a la autoridad y reclaman la cancelación del proyecto, como buenos defensores de la ciudad, solicitan mediante un mecanismo de democracia participativa que todo el proyecto se someta a una consulta popular o a un plebiscito y plantean la disyuntiva: democracia o autoritarismo.
