Cuernavaca, Mor.

Representantes de las más de cien organizaciones que integran el Frente Amplio Popular (FAP) definieron el plan de acción que iniciarán el 16 de agosto próximo para exigir la destitución del gobernador Graco Ramírez y la desaparición de los poderes Legislativo y Judicial, ante la crisis de inseguridad y gobernabilidad en la que, aseguran, el mandatario perredista ha sumido a Morelos; además, para defender la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y rechazar la reciente aprobación de leyes que afectan a la mayoría de los habitantes de la entidad.

La estrategia a seguir contra el político oriundo de Tabasco, que se promueve como candidato presidencial con miras a los comicios de 2018, la pactaron en un encuentro privado realizado en un salón del claustro de la catedral de Cuernavaca, en el centro de esta capital, con la participación de alrededor de 150 personas, entre ellas el obispo Ramón Castro. Se inició alrededor de las 18 horas del jueves y concluyó pasadas las 20:30 horas.

El FAP está encabezado por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; Jorge Zapata, nieto del general Emiliano Zapata; Dagoberto Rivera, dirigente de Transportistas del estado, y el abogado Gustavo García Aragón, representante de familiares de personas asesinadas en la presente administración estatal.

También integran el frente los habitantes de los 60 poblados que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM) –que incluye una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto–; dirigentes sindicales de los tres poderes del estado, maestros, miembros de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC), líderes de organizaciones sociales y las artesanas que fueron desplazadas del centro de Cuernavaca.

En el cónclave, la mayoría de los asistentes manifestaron su hartazgo hacia la administración de Graco Ramírez, con el argumento de que no ha cumplido su promesa de campaña de someterse cada dos años a una consulta ciudadana para decidir si continuaba en el cargo o no.

Reprocharon que tampoco cumplió su compromiso de que en 18 meses de su gobierno devolvería la seguridad a Morelos, y porque, en los tres años nueve meses que lleva su administración, la mayoría de los problemas que dijo iba a solucionar se han agravado.

En casi 4 años, 3,673 homicidios

En su gestión se han cometido 3 mil 673 homicidios en el estado; mil 992 dolosos y mil 681 culposos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los dirigentes de diferentes sectores acordaron llevar a cabo una serie de movilizaciones a partir del 16 de agosto. Ese día, realizarán una marcha, cerrarán los accesos a Cuernavaca y efectuarán un paro de transporte.

Subrayaron que, además de las protestas para exigir la destitución del gobernador, emprenderán una lucha por la desaparición de los otros dos poderes en la entidad, porque, aseveraron, los diputados locales y la mayoría de los jueces y magistrados que integran Tribunal Superior de Justicia están bajo las ordenes del mandatario perredista, ya sea por dinero o acuerdos.

Recordaron que el pasado 14 de julio los diputados locales aprobaron a puerta cerrada, en sede alterna y custodiados por antimotines, una reforma a la Ley de Crédito de los trabajadores del gobierno del estado, mediante la cual se autoriza que la banca comercial administre los recursos de los 25 mil empleados y después les presten sus propios ahorros con altas tasas de interés.

Criticaron que el Congreso haya aprobado la solicitud de Graco Ramírez de contratar dos líneas de crédito (por más de mil 800 millones de pesos), cuando hasta ahora no ha comprobado en qué se gastó el empréstito de 2 mil 800 millones de pesos que le aprobó la pasada legislatura, en 2013, en perjuicio del presupuesto de Morelos en esta administración y las siguientes.

Será una manifestación clara y contundente, no puede ser de otra manera: salir a las calles de todo el estado; esta es la tierra de la cuna de la Revolución Mexicana, este pueblo se siente traicionado, expresó el rector de la UAEM, Alejandro Vera.

Las acciones y omisiones que han cometido tanto Ramírez como los legisladores y jueces, agregó, son graves y por eso, reiteró, no deben seguir gobernando a espaldas y sin escuchar al pueblo.