Debido a la falta de iniciativas en la Asamblea Legislativa para avanzar en el ordenamiento que sustituirá a la norma 26 en materia de vivienda de interés social y popular, el Gobierno de la Ciudad de México prorrogó por tercer año consecutivo el acuerdo por el que se suspende cualquier acto administrativo que implique la aplicación de la citada reglamentación.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino, Felipe de Jesús Gutiérrez, notificó el nuevo aplazamiento del primero de agosto al 30 de septiembre de 2016. La primera vez que publicó el acuerdo fue el 19 de agosto de 2013.

En los considerandos de la notificación el gobierno explicó que esta decisión se tomó en atención a la posibilidad que hay de encontrar alternativas para la producción de vivienda de interés social y popular, mediante mecanismos normativos que establezcan estímulos y lineamientos de procedimiento y control, cuyos alcances se están definiendo.

Aclaró que la suspensión temporal de la norma 26 no aplica para los proyectos de promoción o programas que busquen la construcción de vivienda de interés social y popular por parte del Instituto de Vivienda y organismos públicos.

El pasado abril, el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, instó a la Asamblea Legislativa a avanzar en el diseño de la disposición que sustituirá a la norma 26, e incluso remarcó que hay un millón de créditos del Infonavit aprobados que no se han podido aplicar en esta ciudad.

Eso está en la cancha de la Asamblea Legislativa, remarcó entonces el jefe de Gobierno.

En la Asamblea Legislativa el tema continúa posponiéndose desde el comienzo de la legislatura y no se ha elaborado iniciativa alguna en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que preside la diputada del PAN Margarita Martínez Fisher, salvo líneas generales dentro de su plan de trabajo, como que la nueva norma de ordenamiento debe incluir criterios sobre uso de suelo, densidad, número de pisos, área libre de construcción, espacios de estacionamiento y aspectos constructivos y tectónicos.

También debe incluir sanciones destinadas a desincentivar las acciones de los desarrolladores que estén fuera de la ley, así como la definición de una política fiscal y financiera para la adquisición de suelo urbano en zonas y predios.

En la anterior legislatura no prosperaron por oposición vecinal los dos proyectos de iniciativa que envió la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para discutir con los diputados.

Las normas 30 y 31 para la construcción de viviendas de interés social, media y residencial que se aplicaría sólo en 673 colonias de la ciudad tampoco entraron a dictamen, ni la segunda propuesta de norma 26 para incentivar la construcción de vivienda de interés social y vivienda en renta que consideraba tres territorios de aplicación y consideraba sancionar las violaciones en que incurrieran los desarrolladores bajo los delitos de falsedad y fraude fiscal previstos en el Código Penal.