Un tribunal federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar de manera integral el daño ocasionado a Teresa González Cornelio, indígena hñähñú (otomí) acusada injustamente de haber secuestrado en 2006 a seis miembros de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI).

La resolución judicial tiene carácter inapelable y ordena a la citada dependencia difundir en los medios de comunicación la inocencia de la indígena, originaria del estado de Querétaro. No obstante, esta resolución se da casi 10 años después de que fuera condenada a 21 años de prisión por un delito que no cometió.

Teresa González permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, acusada junto con otras dos indígenas de plagiar a los elementos federales, en un proceso plagado de irregularidades en el cual no se respetaron los derechos fundamentales al debido proceso.

Apenas en mayo pasado, en una resolución judicial similar, se ordenó la reparación integral del daño de Jacinta Francisco Marcial, quien junto con Teresa González y Alberta Alcántara Juan, fueron acusadas de la comisión de este delito.

En un comunicado conjunto, Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organizaciones que han acompañado estos casos, señalaron que esta sentencia, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA), ya fue notificada oficialmente a la PGR, por lo que el plazo de cuatro meses para que sea cumplida está en curso.

Con esta resolución, ya sólo queda pendiente el caso de la indígena otomí Alberta Alcántara Juan –detenida junto a Teresa y Jacinta–, debido a que la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación del daño; el caso se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Ambas organizaciones consideran que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de reparación, pues con la lucha de las indígenas se puede ganar un precedente fundamental para que la procuraduría se responsabilice por los daños que genera el ministerio público cuando incurre en actividades irregulares.