La mayoría de los mil 500 presos que no han sido sentenciados y a los que jueces de control del sistema acusatorio les han negado la libertad provisional, pese a que el artículo quinto transitorio de la llamada miscelánea penal (aprobada en junio pasado) les da ese derecho, tramitaron demandas de amparo ante jueces federales con miras a llevar sus casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con registros del Poder Judicial Federal consultados por La Jornada, y con información proporcionada por abogados penalistas, Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca; Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del extinto capo Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos; Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco; José Manuel Mireles, ex vocero de las disueltas autodefensas de Michoacán, y el activista mexiquense en defensa de viviendas dignas, José Humbertus Pérez Espinoza, son algunos de los presos que han pedido el amparo del Poder Judicial.

Los argumentos de esas demandas de amparo sostienen que con la negativa a la libertad se violan derechos humanos previstos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales.

La estrategia de los litigantes implica que la Corte ejerza su facultad de atracción, conozca de los amparos y aclare los alcances de la miscelánea penal, pues la mayoría de los jueces han rechazado otorgar la libertad provisional por considerar que las reglas del sistema oral son inaplicables a los juicios iniciados con el procedimiento escrito y, por tanto, prevalece el listado de delitos graves del anterior sistema, sin posibilidad de libertad provisional.

En todos los casos antes citados, diversos jueces de control (habilitados para el nuevo sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial) desecharon las solicitudes de libertad en procedimientos penales abiertos por delitos diversos que van desde robo, portación de armas sin permiso de la autoridad correspondiente, lavado de dinero y defraudación fiscal, que no son graves en el nuevo sistema penal, pero que sí lo eran en el anterior.

Los presos pidieron inicialmente a los jueces que los procesan que la prisión preventiva les fuera sustituida por la libertad provisional, conforme a cualquiera de las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entre el 18 de junio y el 22 de julio pasado, al menos mil 550 presos que no han sido sentenciados solicitaron a jueces de control que se les conceda libertad provisional aunque sus casos impliquen delitos graves en el sistema penal anterior, pues esa posibilidad está prevista en el quinto transitorio de la miscelánea para el nuevo sistema penal, aprobada de manera reciente por el Senado.

Sin embargo, sólo en nueve de esos casos se declaró procedente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva y se permitió a los presos recuperar su libertad tras cubrir alguna garantía económica.

Jueces y magistrados de amparo entrevistados por este diario dijeron que aún en el ámbito del Poder Judicial Federal se ve muy complicado que se pueda otorgar la libertad provisional a los presos sin sentencia, a pesar de lo que estipula el quinto transitorio de la miscelánea penal y el principio de presunción de inocencia en la Constitución.

He de decirte que ni en el juicio de amparo se está dando una correcta interpretación y aplicación al quinto transitorio, dijo un magistrado de un tribunal colegiado penal.