La Comisión Permanente del Congreso condenó ayer el asesinato de los alcaldes Domingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas, y Ambrosio Soto Duarte, de Pungarabato, Guerrero, y exhortó al comisionado nacional de Seguridad para que que en coordinación con los gobiernos estatales ponga en marcha protocolos que permitan brindar protección a los presidentes municipales amenazados por la delincuencia organizada.

En un pronunciamiento remitido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, diputados y senadores también pidieron al comisionado realizar, junto a las autoridades locales, un análisis de riesgo y establecer acciones para la atención, prevención y persecución de las bandas que se han apoderado de territorios, afectando flagrantemente el estado de derecho.

De igual manera, llamaron a los gobrnadores a que en función de sus atribuciones prevengan hechos que ponen en entredicho la paz, tranquilidad y seguridad de los habitantes.

Sobre el caso de los munícipes asesinados, pidieron que las autoridades estatales y federales, se coordinen en la realización de las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

En la sesión de ayer, a propuesta del diputado panista Federico Döring, la Comisión Permanente guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en los dos municipios y en solidaridad con sus familiares y amigos. Asimismo, recibió del gobierno de Chiapas un informe sobre las acciones efectuadas tras los acontecimientos violentos del pasado fin de semana en San Juan Chamula.

El documento destaca que se logró restablecer el orden en el lugar, se detuvo a siete personas, avanza en la investigación, se atiende a las víctimas y se construyó un canal institucional para la estabilidad política y social. A su vez, el congreso estatal se encuentra en proceso de integración del nuevo ayuntamiento.

Al fijar posiciones, el diputado Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, dijo que la violencia contra los servidores públicos ha llegado a grados alarmantes en el país y muestra el fracaso del modelo de seguridad nacional aplicado en años recientes.

Un lugar donde los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos y los servidores públicos no pueden cumplir con su deber y tampoco ejercer el poder, es un lugar donde el estado tiene límites y ha fallado, puntualizó.

Virgilio Caballero, diputado de Morena, destacó que tanto la administración federal como las estatales continúan en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos que se registran en el país como producto de la violencia. Mientras, la delincuencia organizada ha conquistado espacio de poder y de toma de decisiones.

En alusión a que el alcalde de San Juan Chamula falleció en una manifestación donde se exigía la entrega de recursos públicos para programas sociales, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, considero necesario evaluar las reglas de operación de los diferentes planes de apoyo a la población, para que puedan cubrir de mejor manera las necesidades de las comunidades.