a buena noticia: agentes federales encontraron y liberaron a una profesora que había sido secuestrada el pasado viernes y cuyo caso fue dado a conocer este martes por su madre en un acto en Pachuca que encabezó el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante quien la madre de la desaparecida, con su fotografía en lo alto, suplicó ayuda y llegó a arrodillarse. La mala noticia o, cuando menos, la enigmática: saber si sólo de hinojos ante un encumbrado funcionario federal, y con atención mediática nacional e internacional, se pueden agilizar los procedimientos para resolver casos de desaparición de personas y, en la misma ruta de razonamiento, si existe alguna línea de comunicación o vinculación entre el deseo de solución que muestran personas con poder y los inusuales resultados positivos.

Es, desde luego, absolutamente positivo el hecho de que una clamorosa demanda de ayuda haya servido para que la maestra secuestrada esté ya en libertad. Pero llama la atención la celeridad administrativa observada casi solamente en este caso al que inesperadamente tuvieron que poner especial cuidado el secretario Osorio Chong y el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz. En un país donde el cumplimiento de los trámites básicos para que se atienda un hecho similar suelen tardar semanas o meses, y el desenlace puede llevar años o no darse nunca, resulta muy sorprendente lo conseguido apenas en cinco días: el secuestro sucedió la noche del pasado viernes 22, la denuncia se presentó el sábado (en un temible fin de semana, en el que normalmente no hay avances de nada), el martes la madre destapó el asunto en la reunión con Osorio Chong y el miércoles por la mañana ya estaba libre la secuestrada.

Pero no sólo eso: el boletín del caso informa que se obtuvo de un juez una orden de cateo solicitada por un agente del Ministerio Público federal y el asunto fue atraído por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República. Del martes con Osorio Chong al miércoles se produjo ese vuelco milagroso e incluso entraron en acción miembros de la Agencia de Investigación Criminal que dirige Tomás Zerón de Lucio, el funcionario cuya renuncia e indagación de responsabilidades solicitan los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los agentes de la AIC estudiaron testimonios, así como las sábanas telefónicas de un número desde el que se comunicaron los secuestradores en el caso de la profesora y de un par de secuestrados más. Así ubicaron el centro de acción en Zumpango, estado de México, y a los rehenes en un domicilio de Ecatepec.

Tan insólito ha sido el desenlace de este caso, que se organizó ayer en la tarde una presentación de datos ante periodistas en la Ciudad de México, con la participación de ocho funcionarios de mediano nivel de las fuerzas policiacas federales, de marinos y el Ejército. Las autoridades comparecientes destacaron la coordinación entre instituciones gubernamentales para combatir el secuestro y la brillante tarea conjunta de investigación realizada. Lo desacostumbrado de esos éxitos llevó al gobierno federal a montar un escenario victorioso, con cifras oficiales que aseguran que van bajando ese tipo de delitos (el reportero de La Jornada, Gustavo Castillo, presente en esa conferencia de prensa, preguntó si se estaba en presencia del primer milagro de un precandidato).

Digna de aplauso la operación federal ordenada por Osorio Chong. Notable el cumplimiento de protocolos y diligencias judiciales. Pero, ¿por qué no es siempre así?, ¿por qué una excepción, como ésta, sugiere que sólo cuando hay voluntad política de alto nivel se pueden resolver estos dolorosos casos de secuestros que por miles se multiplican a lo largo del país? ¿Acaso las autoridades saben cómo atajar esos procesos de secuestro, activando ciertos mecanismos interactivos? ¿Solamente de rodillas ante las más altas autoridades se puede conjurar uno que otro caso de la barbarie nacional en la que cada vez resulta más frecuente que se produzca el asesinato de las personas privadas de su libertad, aun cuando los parientes paguen el rescate exigido y cumplan todas las exigencias de delincuentes que practican cada vez peores fórmulas de salvajismo contra familiares y secuestrados?

Un ejemplo de la irritante distancia entre el dolor de los familiares de secuestrados y las autoridades instaladas en el burocratismo chambón lo aportó ayer el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, quien dijo: “Yo le preguntaba a la señora, la cual estaba un poquito protagónica y no escuchaba cuando yo le preguntaba: ‘¿ya presentó la denuncia?’, pero no me hacía caso”. Vaya, un poquito protagónica. Es de suponerse que si esa madre no hubiera ejercido esa brevedad de protagonismo, con los recursos desesperados del llanto, la súplica y el arrodillamiento, el caso de su hija seguiría engrosando la lista de delitos y secuestros sin atención ni resolución. Olvera Ruiz suministró un ejemplo de las trabas procesales que son puestas desde las oficinas de gobierno a quienes claman ayuda: para ser secuestro tiene que haber un comunicado, tiene que haber una serie de protocolos.

Y, según la nota de Juan Ricardo Montoya, corresponsal de La Jornada en Pachuca, el gobernador hidalguense agregó que en caso de ser tipificado como secuestro, las fuerzas federales tendrían que investigar el caso con la colaboración de las autoridades estatales. ¿Arrodillarse ante los poderosos, luchar organizadamente, o esperar a que los protocolos se cumplan mientras las víctimas son torturadas y asesinadas? ¿Investigación y liberación expeditas sólo cuando hay interés de un precandidato presidencial deseoso de mostrarse sensible y eficaz? ¿Los gobernantes y los jefes policiacos saben quién hace qué, y dónde, y, en caso de que necesiten resolver algo, solamente jalan riendas sabidas o tocan botones a su alcance? ¡Hasta mañana!

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