Diputados de la Asamblea Legislativa (ALDF) advirtieron que las decisiones irresponsables, unilaterales y arbitrarias del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) de modificar la metodología para medir el ingreso de las familias implicará una reducción en los recursos federales que recibirá la ciudad el próximo año destinados a programas y acciones de combate a la pobreza, sin poder determinar al momento su impacto ni sus dimensiones.

Agregaron que la imposibilidad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social (Coneval) para realizar la medición de la pobreza a partir de los datos del Inegi tendrá además un impacto en la definición de prioridades para asignar el gasto al carecer de dicha cobertura informativa.

Esto, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Atayde Rubiolo, del grupo parlamentario del PAN, con la premisa de que lo que no es medible definitivamente no es mejorable, y todo diseño presupuestal y de política pública debe comprender la mayor información posible sobre el problema y el público objetivo que deberá de atender.

El diputado Iván Texta Solís, del PRD, propició el debate ayer en la sesión de la Diputación Permanente al proponer dirigir un extrañamiento al titular del Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, que terminó en un llamado al presidente Enrique Peña Nieto pidiendo la destitución del funcionario por pretender bajar la pobreza de México por decreto estadístico.

El legislador de Morena Alfonso Suárez del Real añadió en su turno que no sólo sea destituido, sino que se inicie un procedimiento sancionatorio en su contra, al haber generado una distorsión de datos que vulneran sensiblemente la capacidad de respuesta para la atención de los grupos vulnerables.

Atayde Rubiolo recordó que los recursos del ramo 33 se distribuyen a partir de metas y objetivos específicos en la agenda de desarrollo social a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales donde se observan rezagos notorios, y destacó los del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, compuesto por 2.53 por ciento de la recaudación federal participable, destinado a la creación de obras en inversiones que beneficien directamente a la población en situación de pobreza extrema.

Para este año el Presupuesto de Egresos de la Federación asignó a la Ciudad de México 820 millones de pesos. Dado que la fórmula de distribución de este fondo se compone por las mediciones de extrema pobreza y carencias sociales generadas por el Coneval, a partir de la recolección y la información que dota el Inegi, cuyos resultados reportarían grandes y artificiales reducciones en los distintos niveles de pobreza, se esperan cambios en la distribución de recursos de este ramo sin poder determinar al momento su impacto ni sus dimensiones.