Buenos Aires.

En un escenario de constantes protestas ante la gravedad de la situación económica y social, y denuncias por la persecución política contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su equipo de gobierno, encubierta bajo un supuesto combate a la corrupción, se van conociendo disposiciones gubernamentales, que agitan los fantasmas del espionaje político de tiempos dictatoriales y cambios en el terreno militar. A la vez que se negocia y avanza la instalación de bases militares de Estados Unidos en territorio argentino.

Por una parte mediante el decreto 721/2016, el presidente derechista Mauricio Macri modificó el que regía desde 1984, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín delegó el manejo de los recursos humanos de las fuerzas armadas al titular del ministerio de Defensa.

De esta manera, el ejército quedó bajo la supervisión del gobierno civil, para mantener el control sobre la organización interna, y ahora los militares podrán decidir- sin mediación de civiles- ascensos, traslados, designaciones, premios, entre otras cosas.

Analistas de esta temática advierten que Macri quiere avanzar otorgando más atribuciones a las fuerzas armadas. En este aspecto el actual ministro de Defensa, Daniel Martínez -que pertenece a la Unión Cívica Radical, parte de la gobernante alianza Cambiemos- está al frente de proyecto de ley que permitirá a los militares realizar tareas de inteligencia interna, supuestamente para prevención de delitos trasnacionales, lo que está prohibido por la Ley de Defensa.

Los funcionarios que trabajan en los nuevos proyectos están bajo la dirección del mayor retirado, Juan José Gómez Centurión, un hombre clave de la derechista Propuesta Republican (PRO) a, el partido de Macri.

El diario Tiempo Argentino, señala a Gómez Centurión como ministro de Defensa en las sombras y recuerdan su pasado en los levantamientos militares carapintadas que golpearon duramente al gobierno de Alfonsín que en diciembre de 1983 inauguró la transición hacia la democracia.

El rotativo agregó que Macri intentó poner a cargo de Defensa a Gómez Centurión, pero no lo aceptaron los radicales. Ahora es Director General de Aduanas. El militar de PRO fue director del área de Defensa de la Fundación Pensar –a la que pertenecen la mayoría de los funcionarios de ese partido incluyendo al presidente, y está ligada a poderosas fundaciones de Estados Unidos.

Se citan como figuras claves de los nuevos proyectos en preparación al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, el coronel retirado Hugo Patricio Pierri, y el también coronel retirado Jorge Garcia Mantel, como director general.

Una fuente de Defensa citada por Tiempo Argentino señala que este equipo intenta crear “las condiciones sociales para su aceptación con una campaña de saturación de noticias sobre el narcotráfico y su efecto corruptor sobre la política y las fuerzas de seguridad.

Los analistas en temas militares y de seguridad señalan que “la llegada de Macri a la presidencia produjo un giro en las relaciones con la agencia antidrogas estadunidense (DEA), que tiene presencia en el país desde 1989, pero cuya presencia se debilitó en los últimos años por graves incidentes.

Al asumir el gobierno macrista la DEA tenía solo dos agentes especiales en el país, más un agregado de la embajada y un analista informático, con algunos administrativos más. En su mejor momento la DEA había llegado a tener más de seis agentes especiales operando en todo el país. Con el correr de los meses, la DEA tiene hoy relaciones con varias provincias, entre ellas, Salta, La Pampa, Formosa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Jujuy y Buenos Aires, sostiene el diario.

Durante el último Foro de Davos, el gobierno de Macri negoció el apoyo político de Estados Unidoslaceptando la colaboración estadunidense en la lucha contra el narcotráfico.

A partir de este momento se menciona la posibilidad de la instalación de una base de la DEA en Salta, provincia del noroeste fronteriza con Bolivia. Y comenzaron a regresar agentes de la DEA, permanentes y encubiertos.

La visita de Barack Obama a Argentina en marzo pasado culminó con la firma de acuerdos de Seguridad, que en todos los casos desconocen lo actuado en el esquema de la integración de los países de América Latina, y las doctrinas nuevas de defensa nacional, que se trazaron, muy lejanas a la dependencia de Estados Unidos. También se apresuró el regreso de las oficinas de inteligencia estadunidenses al país.

El tema preocupante en estos momentos además de una serie de denuncias de planes para apresurar el regreso militar a la seguridad interior, más los ensayos de laboratorio que se denuncian en la provincia de Jujuy, con presos políticos y constantes acciones represivas contra las organizaciones populares, son los acuerdos para instalar bases militares estadunidenses en el sur y en el norte del país.

El portal del diario Contexto revela que el diputado nacional, Daniel Di Stéfano, presentó un pedido de informe que aseguró fue cajoneado por la diputada Elisa Carrió, de Cambiemos quien preside la Comisión de Relaciones Internacional denunciando el proyecto de instalación de bases en Misiones y Tierra del Fuego, provincias ubicadas en los extremos norte y sur Argentina, ambos lugares estratégicos.

Di Stéfano del opositor Frente para la Victoria (FpV), señaló que la idea de instalar una base estadunidense en Misiones en La Triple Frontera; lleva como excusa el combate el narcotráfico y el terrorismo. También existe la posibilidad de la instalación de una base en Tierra del Fuego, disfrazada de base científica. Esto además fue confirmado por funcionarios del Ministerio de Defensa.

Es preocupante la pérdida de soberanía que esto significa. Misiones está ubicada sobre el acuífero guaraní, que es la cuarta reserva de agua potable más grande del mundo, y el 80 por ciento del territorio de la Provincia es limítrofe con Paraguay y Brasil. Además, las tropas que vienen a las bases militares gozan de inmunidad diplomática, por lo cual no pueden ser investigados, ni detenidos por ninguna fuerza provincial o federal. Hay varias denuncias de distintos organismos que señalan que estos Marines han cometido violaciones a los derechos humanos en distintos lugares, por ejemplo, en Paraguay, indicó Contexto.

En el caso de Tierra del Fuego es donde más de avanzó sobre un proyecto que viene desde 1995 y había sido abandonado por las denuncias y protestas de sindicalistas de esa provincia y también por organismos que luchan contra la presencia extranjera en el país. Las denuncias se multiplica n en estos días, ocultadas por la mayoría de los medios de comunicación.