La Oficina de Washington para las Américas (Wola), junto con organizaciones como Fundar, el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, pidieron al gobierno de Estados Unidos, en el contexto de la reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, que no certifique a México en materia de cumplimiento a los derechos humanos, al igual que el año anterior, cuando por primera vez se le retiraron fondos en materia de seguridad.

Destacaron, en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno mexicano ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, que éste falla en los cuatros puntos que se analizan.

En un memorando, citaron en primer lugar que no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves que ha investigado en tribunales civiles, ni sobre sus resultados, y que no ha habido condena en casos emblemáticos, como la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa o la ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en Tlatlaya, estado de México.

En ambos casos, los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y han manipulado pruebas, mencionaron.

Además, apuntaron que de los cuatro casos en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún militar ha sido condenado por las violaciones a garantías individuales que cometieron.

Agregan que pese a la existencia de cientos de violaciones a las garantías fundamentales cometidas por el Ejército, la información pública revela que sólo dos soldados han sido condenados por estos crímenes, sin que se aclare si sus sentencias son definitivas.

La segunda falla es que el gobierno no cumple con las prohibiciones contra la tortura. Resaltaron que las denuncias sobre este flagelo se duplicaron entre 2013 y 2014, cuando se reportaron 2 mil 420 casos, pero las investigaciones creíbles y condenas por esta práctica “no han incrementado.

A pesar de los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenadas por este delito. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, casi 80 por ciento de los sospechosos mostraba signos de tortura o malos tratos, recordaron las agrupaciones.

La tercera observación que hicieron es que la administración de Peña Nieto ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información en tiempo real sobre éstas.

En cuarto lugar, mencionaron que el gobierno mexicano no busca de manera efectiva a las víctimas de desaparición forzada, como tampoco investiga y enjuicia a los responsables de estos crímenes.

Desde 2007, México ha registrado 28 mil 189 casos y más del 54 por ciento ocurrieron durante el actual sexenio, pero hasta el 15 febrero de 2015 el gobierno reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a escala federal por desapariciones forzadas, y no hay información confiable sobre cuántas son cometidas por las autoridades.

Las agrupaciones expusieron que retirarle a México los fondos en materia de seguridad por incumplimiento de protección a derechos humanos enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en la materia sólo por tener buenas leyes en papel.

Si bien México ha aprobado muchas leyes y protocolos, a menudo éstas no se aplican en la práctica y las autoridades no han demostrado la voluntad de cambiar prácticas arraigadas, ni hacer que los perpetradores rindan cuentas, afirmaron.