or paradójico que pueda sonar, una elemental confianza es indispensable para el diálogo y la solución de un conflicto. Sin embargo, la SEP ha escogido presentar su propuesta de modelo educativo (objetivos, programas, contenidos, prácticas pedagógicas…) en una circunstancia tal que promueve mayor desconfianza. En primer lugar, porque el anuncio de la presentación vino a reventar un acuerdo a punto de firmarse, discutido desde antes entre maestros opositores y la Secretaría de Gobernación. Se trata del documento Ruta del proceso de construcción del proyecto de educación democrática, mucho más amplio que el modelo que ahora se presenta y parte importante de la solución al conflicto. Además, la propuesta parcial de la SEP retoma el mismo esquema que en 2012-2013 generó el actual conflicto. En aquel entonces se abrió una consulta (foros regionales); participaron miles de profesores, pero sus conclusiones se desdeñaron y surgió un marco legal-administrativo cuyas consecuencias vivimos desde entonces. Lo que se discutía el pasado 19 de julio, en la Secretaría de Gobernación, era algo que ofrecía una novedad: juntos, maestros y gobierno, acordarían una ruta para discutir ampliamente y a lo largo y ancho del país cómo debería ser la propuesta integral de educación para los mexicanos. Pero ahora tenemos la vuelta a la unilateralidad: la SEP presenta su propuesta; ella organiza, establece calendario, lugares, participantes, agenda y ofrecerá resultados.

Esto es importante, porque, en segundo lugar, la SEP ha perdido prácticamente todo el capital de confianza que antes tenía, pues reiteradamente se negó al diálogo, despreció y amenazó a maestros y padres de familia, ejecutó despidos, descuentos, y junto con los mandos uniformados, militarizó la evaluación y contribuyó a legitimar así una represión que propició aprehensiones y un saldo de muertos y heridos. Todo esto, inédito en la historia de la SEP y que ni siquiera se asume como error pone en duda fundada su capacidad para ser imparcial, objetiva e incluyente con las propuestas que no participen de sus tesis de fondo.

En tercer lugar, hay desconfianza porque la propuesta educativa oficial en realidad es política: busca diluir la resistencia, y para eso envía a los maestros el mensaje de ya supérenlo; pasen a discutir mi propuesta. Sin embargo, el conflicto sigue, a tal punto que el Presidente se ve obligado a pronunciarse en sus viajes al extranjero; el Senado propone revisar el marco legal, y el INEE llega a señalar que la reforma pudiera no ser la que requieren el país y el magisterio; que hay un margen muy amplio para corregir(la) y sin necesidad de cambiar la ley, y hasta hace una especie de promesa: Entre las medidas que podrían aplicarse a la próxima etapa de evaluación del desempeño –prevista para noviembre– está ‘cambiar su naturaleza para hacerla voluntaria.” (La Jornada, 16/7/16, pág. 6). Un conflicto que hace que surjan asomos para la búsqueda de una salida al conflicto.

En cuarto lugar, la propuesta también genera desconfianza porque aparece en el contexto de la alianza SEP-Mexicanos Primero. Se trata de una conjunción cuyo primer producto fue una modificación constitucional y leyes sumamente hostiles hacia la educación del pueblo y maestros que defienden su escuela. Sería iluso pensar que esa convergencia fundacional ya no existe, precisamente cuando se abre la más importante etapa del proceso de apropiación de la educación y se busca reorientar el proceso educativo de tal manera que, a pesar de una apariencia vanguardista, troyanamente se incluyan los objetivos básicos de la funcionalidad empresarial.

Finalmente, en quinto lugar, no es posible generar algún modelo progresista que esté confinado en un edificio escolar normativo hostil y opresivo contra quienes en la educación son uno de sus actores y además claramente representan a las clases populares organizadas, y esa será una nueva fuente de resistencia. ¿Cómo impulsar tareas como el pensamiento crítico, el entusiasmo de los estudiantes con el conocimiento, cuando saben que, a diferencia de lo que ocurre en las escuelas privadas, en las públicas, maestras y maestros sí pueden ser sancionados por cualquier causa (artículo 75 Ley General del Servicio Profesional Docente), despedidos por la tercera evaluación (artículo 53) o por alguna de las siete causales que ahora agrega la ley (artículos 69 y 74)?

Así, la llegada del modelo educativo de la SEP entrampa aún más la salida del conflicto, y si se tiene en cuenta su calendario, éste se prolongará hasta cuando se den a conocer los resultados en 2017 y se agravará cuando se busque imponerlos en 2018, todo un sexenio de conflicto. Urge otro derrotero, que lleve a maestros y gobierno, de manera ordenada, a la suspensión del paquete legal-administrativo de la reforma, acordando para esto una ruta clara de discusión amplia sobre qué propuesta de educación necesitamos en México y definir luego el marco legal-administrativo, formación normalista, evaluación, contenidos, prácticas, que pueden mejor sostener ese proyecto. Con eso, gobierno y maestros tienen la oportunidad de convertir este momento de entrampamiento, imposición e incluso de represión sangrienta, en uno de los procesos de diálogo más dinámicos y creativos en la historia de la educación mexicana: desde abajo y con una amplia participación, construir una educación para todos.

Carmen Aristegui tiene la razón.

*Rector de la UACM